Pese a que la dictadura de Daniel Ortega ha «mejorado» el marco legal nicaragüense para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, el undécimo Índice de Basilea Contra el Lavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés) ubica a Nicaragua como el segundo peor país de América Latina y el Caribe en la lucha contra el lavado de activos.
El informe, que elabora el Centro Internacional para la Recuperación de Activos en el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, detalló que Nicaragua obtuvo la calificación de 6.70, en una escala del uno al diez, donde diez es el riesgo máximo.
El país centroamericano fue superado por Haití, que cerró en 8.16 puntos, de los 22 países evaluados en la región de América Latina y el Caribe.
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Además, Nicaragua se posiciona como el decimonoveno peor del mundo en la lucha contra el lavado de dinero, solo superado por Nigeria, Tonga, Zimbabwe y China. La República Democrática del Congo, con 8.30 puntos, ocupa el último lugar a nivel global. Estas estadísticas ubican al territorio nicaragüense como un paraíso para el crimen organizado, que necesita blanquear sus capitales malhabidos.
Según el Índice de Basilea, el riesgo promedio a nivel global mejoró levemente de 5.30 en 2021 a 5.25 en 2022, teniendo en cuenta que 1 significa menor riesgo y 10 equivale al riesgo máximo.
El informe resaltó que hubo una pequeña disminución en los riesgos relacionados con la calidad de los marcos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que ha sido compensada por el aumento de los riesgos en las otras cuatro áreas: corrupción, transparencia financiera, transparencia pública y riesgos políticos/legales.
En el caso de Nicaragua, la administración de Ortega-Murillo puede alegar «avances» en el marco legal, pero en las cuatro áreas restantes está aplazada.
Ortega utiliza la lucha contra el lavado de dinero para reprimir al pueblo
El sociólogo y economista, Douglas Castro Quezada, calificó como «grave» la posición de Nicaragua, en el ranking global de la lucha contra el lavado de dinero, debido a que la dictadura de Daniel Ortega «presume» de perseguir y encarcelar a personas que realizan esta práctica, e incluso ha criminalizado a opositores, empresarios y ONG con ese pretexto, pero sigue obteniendo una de las calificaciones más baja.
Castro Quezada indicó a Artículo 66 que la calificación que obtuvo Nicaragua «es grave, además de paradójica, que mientras la dictadura sandinista utiliza la excusa del combate al lavado de dinero para reprimir a la oposición democrática nicaragüense, al mismo tiempo el país siga mostrando índices bastante mediocres en el Índice de Basilea Contra el Lavado de Dinero».
Asimismo, alegó que los datos presentados en el Índice «nos muestra, por un lado, que el argumento del lavado de dinero contra los opositores y la sociedad civil nicaragüense no es más que una estrategia espuria por parte de la dictadura para arrasar con el espacio democrático en el país. Por otro lado, nos muestra una cruda realidad, que es que Nicaragua es un país vulnerable a este tipo de delitos y que la dictadura sandinista hace poco, hace mal, o no hace nada, para prevenir este tipo de crímenes».
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Agregó, que esto «representa mucha gravedad porque el lavado de dinero está vinculado a delitos muy serios como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en general».
El analista político, Eliseo Núñez, también señaló a este medio de comunicación que las reformas a las leyes que ha realizado Daniel Ortega para combatir el lavado de dinero «no han sido impactantes porque él no engaña a nadie», ya que los organismo que vigilan y luchan contra el lavado de activos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera) «han visto que la intención» de las modificaciones o mejoras al marco legal en Nicaragua «no es combatir el lavado, sino mas bien tener herramientas para la represión política».
Además, Núñez resaltó que la segunda posición como el país con más problemas de lavado en América Latina y el Caribe, «es nociva para Nicaragua, ya que toda transacción proveniente de Nicaragua en el extranjero es vista bajo la lupa».
De la misma manera, Douglas Castro destacó que «las consecuencias de estas bajas calificaciones en este tipo de índices son extensivas al país, pues empeoran el ya depauperado clima económico del país, donde cada vez más los inversionistas internacionales y nacionales confían menos en el país, pues la dictadura no garantiza el respeto a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho que son claves para que el país pueda recuperarse económicamente».
