La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución sobre “La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, que se basa en nueve puntos, entre esos, el cese a la represión contra la ciudadanía y el restablecimiento pleno de los derechos cívicos y políticos, la liberación de los presos políticos y la garantía al derecho a la libertad religiosa.
La organización compartió su “profunda preocupación” por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, refiriéndose a los múltiples arrestos arbitrarios, encarcelamiento de figuras políticas, el cierre forzado de organizaciones de la sociedad civil y universidades, la toma de oficinas municipales, la represión de periodistas y allanamientos en las organizaciones de medios de comunicación, y la intimidación de líderes comunitarios cometidos por el régimen orteguista. “Lo que genera un clima de opresión y miedo”, dicta la resolución.
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Asimismo, dentro de su preocupación, la Asamblea planteó la detención de monseñor Rolando Álvarez junto a otros religiosos; así como la opresión, criminalización, hostigamiento, acoso policial y actos de represión que ha perpetrado la dictadura de Nicaragua contra los miembros de la Iglesia Católica.
La noche de este viernes, tras una extensa jornada, la OEA resolvió “instar” al régimen de Nicaragua:
1- Cesar toda acción violenta contra la población del país y a que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho.
2- Garantizar la integridad física, mental y moral, la libertad y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y a que libere inmediatamente a todos los presos políticos.
3- Instar al Gobierno de Nicaragua a que cese la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica.
4- Exhortar a todos los Estados de la región a que implementen una estrategia basada en un enfoque integral de derechos humanos y de género.
5- Exhortar al Gobierno de Nicaragua a que conceda acceso pleno y sin obstáculos a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas.
6- Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y que brinde toda la asistencia razonable al Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua en apoyo a la ejecución de su mandato.
7- Recordar al Gobierno de Nicaragua el deterioro de las condiciones económicas y sociales del país, derivadas de su actuación, y animarle a aceptar las ofertas de cooperación regional e internacional para devolver a la nación al camino de la democracia, el Estado de derecho y el progreso pacífico para todos sus ciudadanos.
8- Solicitar al Consejo Permanente que se mantenga al tanto de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, recibiendo actualizaciones periódicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos expertos.
9- Invitar a los Estados Miembros a crear una comisión de alto nivel con el mandato de ofrecer al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir todos los asuntos pertinentes.
En el 2019, la OEA ya había creado una primera comisión que tenía como objetivo realizar gestiones diplomáticas a fin de procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que estalló en abril de 2018 en Nicaragua, sin embargo, el régimen impidió su ingreso.
