Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron, en el Foro de Libertad Religiosa en las Naciones Unidas (ONU), la sistemática represión del régimen de Daniel Ortega en contra de la Iglesia católica de Nicaragua que ha desencadenado el cierre de radios católicas, la expulsión de monjas, el encarcelamiento de sacerdotes y la prohibición de procesiones.
«Nicaragua es un país altamente católico y nuestra constitución política establece que tenemos libertad de religión, por lo tanto no debe haber discriminación por motivos religiosos. Pero, el gobierno lo que quiere evitar es que los pastores denuncien las violaciones a los derechos humanos y por lo tanto se han dedicado a encarcelar a las voces de denuncia, entonces no hay una razón legal que tengan más que estas que han sido inventadas», refirió ante el plenario la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Leyla Padro.
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«Lo que el gobierno tiene hasta este momento sobre la iglesia es el silencio de que no continúen denunciando los abusos cometidos entre la población, la cárcel o el destierro», añadió la defensora de derechos humanos durante el foro que se realizó en el marco de la 77 Asamblea General de la ONU.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también elevó su denuncia refiriendo que «la situación en el país empeora cada día bajo el abuso de poder y la impunidad. Todos los delitos en contra de sacerdotes y religiosos se mantienen en total impunidad, para ello el régimen implementa diferentes acciones represivas que contienen la violación a los más elementales derechos humanos», expresó el abogado y defensor Juan Carlos Arce.
«El régimen pretende silenciar una de las voces más legítimas y más potentes en Nicaragua que es la voz de la Iglesia católica, la que mantiene gran presencia en las zonas rurales. Esta imparable represión de Ortega violenta la libertad de pensamiento, de expresión y religión que son pilares principales de la libertad», añadió.
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En agosto, la Policía al servicio de la dictadura impuso a monseñor Rolando Álvarez casa por cárcel de facto y a las ocho personas, entre sacerdotes y laicos, que acompañaron al obispo en la Curia permanecen detenidos en El Nuevo Chipote.
Otros cuatro sacerdotes han sido arrestados desde junio de este año y otros han tenido que salir al exilio, como el caso del padre Uriel Vallejos, quien se encuentra en Italia.
Poco a poco, la dictadura de Ortega ha ido engrosado la lista de sacerdotes presos, hasta el momento son más de diez religiosos que está siendo parte de procesos judiciales en su contra y dos ya fueron condenados.
Ante esto, Arce demandó a las Naciones Unidas que «se tomen medidas enérgicas en relación a lo que pasa en Nicaragua» pues considera que el régimen está sentando un precedente «nefasto en la región. De tal manera pedimos que en el marco del derecho internacional se tomen todas las medidas posibles».