El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la inmediata liberación de monseñor Rolando Álvarez y el respeto a la integridad física y psicológica del líder religioso.
El obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí cumplió 46 días de estar retenido de manera arbitraria.
El Cenidh recordó que monseñor pasó 15 días secuestrado en la curia episcopal y actualmente lleva 31 días secuestrado supuestamente en la casa de sus padres. La organización denunció que, desde entonces, no se conocen detalles sobre su condición.
En menos de 15 días, la dictadura encarceló a cinco familiares de opositores integrantes de la organización Unión Democrática Renovadora (UNAMOS).
El observatorio independiente Monitoreo Azul y Blanco señaló que las personas detenidas son usadas «para ejercer presión en contra de los activistas políticos hacia quienes está dirigida la violencia estatal».
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También se reportaron hostigamientos en viviendas y amenazas de prisión por parte de la Policía en contra de los miembros de UNAMOS en los departamentos de Granada, Managua y León.
El Monitoreo Azul y Blanco detalló que, del 5 al 18 de septiembre, registró un total de once detenciones arbitrarias en la Costa Caribe Sur, Chontales, León, Managua y Carazo. De las once personas detenidas, solo una fue puesta en libertad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia reveló que ha solicitado información al régimen de Nicaragua sobre la detención arbitraria de las ciudadanas francesas Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, quienes permanecen cautivas desde el 13 de septiembre en las cárceles de «El Nuevo Chipote».
A través de un comunicado, Francia aseguró que «la Embajada está totalmente movilizada, en conjunto con la oficina consular en Costa Rica».
Las mujeres de nacionalidad nicaragüense y francesa fueron arrestadas cuando la Policía buscaba al opositor Javier Álvarez Zamora, esposo y padre de ambas ciudadanas, quien se encuentra en el exilio debido a la represión gubernamental.
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Según denuncias, los agentes policiales se llevaron detenidas a ambas mujeres y un tercer pariente con el objetivo de usarlos como rehenes y lograr la captura del opositor.
El jefe de la Policía de Masaya, comisionado general Juan Valle Valle, se presentó de manera autoritaria a la parroquia de San Miguel Arcángel, luego que el régimen prohibiera las procesiones en honor a los santos patronos de esa ciudad.
Fuentes eclesiásticas confirmaron a Artículo 66 que Valle llegó al templo la mañana del domingo, 18 de septiembre, para hablar con el sacerdote Ramón López y advertirle que la imagen no saldría de la parroquia.
Testigos denunciaron que el objetivo del jefe policial, que se encuentra sancionado por la comunidad internacional por represor, fue «amenazar» al presbítero, en un contexto de persecución contra la Iglesia católica. Señalan que el «descaro» del comisionado fue tal que hasta se persignó dentro del templo.
Los policías regresaron al lugar este lunes, durante la tradicional «bajada de la imagen», donde fueron abucheados por los pobladores.
El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de otras cien Organizaciones Sin Fines de Lucro para un total de 1,975 aniquiladas desde la crisis sociopolítica de 2018.
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Entre las cerradas se encuentran la Asociación Josefa Toledo de Aguerri (AMUJOTOA), Asociación de Pies Descalzos, de Combatientes Retirados del Ejército de Nicaragua, Fundación María Magdalena, entre otras dedicadas a la protección del medio ambiente, la mujer y la salud.
El ministerio alegó que las oenegés se encuentran en abandono y no han reportado sus estados financieros.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que el régimen Ortega-Murillo pretende, a través de estas cancelaciones, «ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único».
