La organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) condenó la criminalización de la dictadura de Daniel Ortega contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, a quien la Policía le impuso casa por cárcel de facto y le inició una presunta investigación por «desestabilizar al Estado».
La acusación es un «intento de la dictadura para callar la voz profética de la Iglesia en estos tiempos tan necesarios», señaló la organización a través de un comunicado emitido este sábado, seis de agosto.
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La UNAB expresó su solidaridad y cercanía con el pueblo de Matagalpa y la Iglesia ante «el estado de sitio y la persecución a la libertad religiosa» que el régimen estableció en la ciudad desde el primero de agosto, e incrementó contra su líder religioso, monseñor Álvarez. Explicó que estas acciones violan los derechos humanos, civiles y políticos y acentúan la grave situación sociopolítica y económica del país «a la que nos ha arrastrado Daniel Ortega y Rosario Murillo desde hace más de cuatro años».
Los opositores urgieron a la comunidad internacional a tomar acciones «contundentes para poner freno a la dictadura» ante esta deriva autoritaria de su «régimen ilegítimo que se sostiene por el uso de la fuerza y las armas».
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En las últimos siete días, el régimen incrementó el asedio a sacerdotes y obispos, cerró medios de comunicación católicos e inició una supuesta investigación contra monseñor Álvarez, luego que el obispo encarara, con el Santísimo en manos, a los oficiales que lo asedian. Esto se suma a la expulsión de miembros de comunidades religiosas, profanación de templos y el encarcelamiento de dos sacerdores católicos. En Nicaragua hay más de 180 presos políticos, incluidos miembros de la UNAB, sometidos a tratos crueles e inhumanos, según denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos.
