La justicia al servicio del régimen de Daniel Ortega encarceló, acusó y condenó al sacerdote Manuel Salvador García y ahora está judicializando a monseñor José Leonardo Urbina, señalad de supuesta violación. Estos casos, según el abogado Yader Morazán, se han caracterizado por la indefensión, de la que los dos religiosos están siendo víctimas.
«Es irónico que sobrando donantes para pagar honorarios y abogados que se han ofrecido de gratis para llevar el caso de los sacerdotes, uno —monseñor Urbina— sigue sin abogado de confianza y al otro —padre García— le quedó firme su condena porque al abogado se le pasó el tiempo que le dio la ley para apelar», publicó Morazán en su cuenta de Twitter.
Monseñor Urbina enfrenta un juicio por el supuesto delito de violación contra una menor de 14 años, y aunque ha carecido de una defensa de confianza, el juez orteguista Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, programó juicio para le 24 de agosto.
Hasta el momento se desconoce el nombre del o la abogada que llevará la defensa del prelado, luego que el sandinista Harry Valle, quien fungía como «defensor» del religioso, una hora después de la audiencia decidió abandonar el caso supuestamente porque los familiares del padre no podían pagarles sus honorarios
Aunque Aguilar Castro rechazó la renuncia, dio tres días a los familiares para que busquen a otro defensor. El pasado fin de semana se conoció que una abogada privada de nombre Jennifer Eliett Hernández Granera solicitó intervención de ley para defender al padre Leonel Urbina, por lo que se espera la sustitución de Valle.
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En cuanto al padre Manuel Salvador García, el cura enfrenta dos sentencias; la primera basada en un vídeo del 30 de mayo divulgado en redes sociales donde el párroco salió con un machete, supuestamente amenazando a un grupo de personas que estaban asediando la parroquia Jesús Nazareno en Nandaime. La condena fue a un año y cuatro meses
La segunda comprende dos años y ocho meses de prisión por los delitos de lesiones físicas y psicológicas en perjuicio de Martha Candelaria Rivas, quien se negó a denunciar el religioso y se encuentra detenida por el supuesto delito de «falso testimonio».
Jueza rechaza recurso de apelación en favor de García
Referente a la primera sentencia contra García, la jueza Marvia del Rosario Arias Bermúdez, del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Granada, ratificó la sentencia de dos años de prisión y 200 días multa.
La jueza Arias habría rechazado el recurso de apelación el 12 de julio y ratificó la sentencia condenatoria emitida por el juez Jaime Aguilar del Juzgado Local de Nandaime, confirmó el medio digital Despacho 505.
El abogado defensor Humberto González Sánchez argumentó que la sentencia le causaba agravios al sacerdote porque el párroco había actuado en legítima defensa de su domicilio e integridad física, según el artículo 34, numeral 4 del Código Penal; además, los hechos por los que se procesó son atípicos por no constituir una amenaza verosímil.
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Los juicos contra los dos religiosos son considerados por opositores y abogados como procesos políticos debido a la violación a sus derechos. El caso de monseñor Urbina ha sido objeto de cobertura de los medios de la propaganda gubernamental, donde no solo lo exponen a él, sino también a la familia de la supuesta víctima, acciones que en otros casos similares, se cuida la integridad de la perjudicada.
Los dos sacerdotes se suman a la lista de más de 190 nicaragüenses a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene tras las rejas, acusándolos de delitos comunes.
