El régimen de Nicaragua se tomó las instalaciones de al menos tres Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), canceladas recientemente por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional.
La oenegé feminista La Corriente, dirigido por María Teresa Blandón, denunció que este ocho de julio el régimen concretó el despojo del local que sirvió, durante 28 años, como un espacio de encuentro en defensa de los derechos de las mujeres.
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Las integrantes reiteraron que el acto es «ilegal y atenta contra la libertad de asociación» y, antes de ser expulsadas del centro, llenaron las paredes con pintas feministas.
La organización Operación Sonrisa, que ayudó a personas afectadas por labio y paladar hendido por casi 30 años, también se despidió del pueblo nicaragüense a través de un comunicado, luego de conocerse del ingreso de policías en las instalaciones ubicadas en Managua.
La asociación reseñó que, durante sus años de trabajo, benefició a más de siete mil pacientes y recaudó e invirtió más de cinco millones de dólares en atención a afectados, programas y proyectos, entre otros logros.
A su vez, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció la toma del local del Centro Humboldt, organización ambiental que también fue despojada de su personería jurídica en marzo, cuyo edificio está valorado en unos 450 mil dólares.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo militarizó la frontera con Costa Rica en Peñas Blancas para impedir que una comisión de organizaciones de izquierda de Latinoamérica ingresara al país con el objetivo de visitar a los presos políticos.
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La comisión, integrada por parlamentarios, representantes de organismos de derechos humanos y dirigentes sociales, realizó una caravana en el país vecino con rumbo a Nicaragua, acompañada por exiliados, familiares de víctimas y miembros del Movimiento Campesino nicaragüenses. La denominada «Caravana por la vida y la libertad de los presos políticos» llegó hasta la frontera, sin embargo, los parlamentarios latinoamericanos afirmaron que se quedarán en el territorio costarricense en espera que la situación se destrabe y haya otras iniciativas.
Los parlamentarios reclamaron al régimen que la arremetida fue contra organizaciones de izquierda, por tanto, no puede invocar a su discurso de acusarlos de tener «conexiones con la Embajada norteamericana, la Casa Blanca o de cometer un intento de injerencia golpista».
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la nueva ola de persecución contra el personal del diario La Prensa en Nicaragua, tras el arresto arbitrario de al menos tres trabajadores del medio de comunicación independiente. Jorge Canahuati, presidente de la SIP, manifestó que los detenidos son «víctimas de abusos, la intolerancia y la falta de respeto a sus derechos fundamentales», y responsabilizó al régimen por lo que pueda sucederle a cada uno de ellos.
Asimismo, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, reiteró su llamado urgente a restaurar las libertades en Nicaragua, «donde el régimen actúa con total discrecionalidad, sin enfrentar las consecuencias por sus acciones represivas».
La organización exigió la liberación inmediata de todos los periodistas encarcelados.
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El sacerdote Manuel Salvador García, de 57 años, fue sentenciado a dos años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos de violencia física y violencia psicológica en perjuicio de Martha Candelaria Rivas, quien fue encarcelada tras desmentir a la Fiscalía.
El medio digital Despacho 505 reveló que el Ministerio Público recurrió al ciudadano Humberto José Sánchez López, de 44 años, exesposo de la supuesta víctima, quien se prestó a denunciar al sacerdote, a pesar que el hombre fue descrito por una de sus hijas como una persona violenta, que se separó de su mamá debido a las agresiones y tampoco mantenía relación con sus hijos desde hace meses.
El sacerdote permanecerá en el penal de Granada hasta febrero de 2025. El párroco de Nandaime ya había sido condenado por el supuesto delito de amenazas con arma.
La dictadura de Nicaragua celebró este ocho de julio la masacre contra manifestantes ejecutada en Carazo, durante las protestas sociales de 2018.
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Organismos de derechos humanos documentaron que, en ese año, un contingente de al menos dos mil armados irrumpió en los municipios de Jinotepe, Diriamba y Dolores la madrugada del ocho de julio, cortaron la señal de telefonía y se tomaron los hospitales para acabar con la vida de los habitantes que se encontraban en las trincheras y se mantenían en resistencia contra la dictadura. El denominado «Operación Limpieza» acabó con 38 vidas.
Este día, la vocera, Rosario Murillo, manifestó que fue una «merecida derrota», al tiempo que su régimen festejó con un acto en las afueras del Colegio San José en Jinotepe.
Los dos expolicías acusados por el Ministerio Público por los delitos de violación, lesiones psicológicas leves y usurpación de funciones se declararon culpables de violar a una joven de 21 años.
José Domingo Matamoros Castillo, de 24 años, y Junior Enrique Alonzo Hurtado, de 26 años, confesaron haber cometido el delito la noche del viernes, 27 de mayo, cuando ambos realizaban patrullaje en el Distrito Dos de la ciudad capitalina. Los expolicía podrían recibir una pena mínima de 13 años de prisión.
