La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de las autoridades de Migración en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, negó el ingreso a Nicaragua a la Comisión internacional parlamentaria de solidaridad por la libertad de las personas presas políticas, cuyo objetivo era constatar las condiciones de los más de 190 reos de conciencia y exigir su inmediata libertad.
Desde horas tempranas de este viernes, ocho de julio, una caravana de parlamentarios junto a activistas de movimientos sociales se dispusieron llegar desde San José, Costa Rica; hasta la frontera nicaragüense, sin embargo el régimen orteguista acordonó con agentes policiales la entrada para evitarlo.
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Antes de su intento por entrar, la delegación había enviado diversas comunicaciones al gobierno de Daniel Ortega para que permitiera su ingreso, pero el régimen no emitió ninguna respuesta a la solicitud de los parlamentarias de Latinoamérica.
La delegación compuesta por diputados y diputadas del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), de Argentina, y representantes de distintas organizaciones de Brasil, México, Venezuela, Panamá y Costa Rica pretendían entrevistar a familiares de los secuestrados políticos y «visitar a algunos de los detenidos».
Luciana Chavarría, diputada de Argentina, expresó a medios de comunicación que si la dictadura no va a permitir su ingreso, eso no va a callar ni a limitar su trabajo. Por su parte, otra de sus homólogas afirmó que las acciones que han hecho en pro de los rehenes de conciencia son muy importantes porque el compromiso es que las denuncias se difundan a nivel internacional y se siga demandando la libertad de los presos políticos.
Nicaragua, con operativo «descomunal» militar en la frontera
Al ser regresados de la frontera de Nicaragua, los parlamentarios denunciaron que «no se puede sacar un celular porque los agentes de Nicaragua sacan un revólver».
«Acabamos de recibir la información de la Policía migratoria de Costa Rica de que el Gobierno de Nicaragua tiene montado un operativo descomunal militar en la frontera», señaló Mariano Rosa, coordinador de la Comisión Internacional.
Agregó que tienen información civil de que ha habido en los últimos días presencia militar, policial y paramilitar y «que el mensaje que le transmiten a la Policía migratoria (de Costa Rica) no es que solo se niegan a coordinar el ingreso de esta comisión, sino que no nos acerquemos al puesto fronterizo de Peñas Blancas».
«Hay una actitud intimidatoria, amenazante de la dictadura frente a una comisión internacional que tiene un propósito humanitario que nos trajo hasta acá y por lo tanto estamos frente a un escándalo internacional de proporciones», agregó el parlamentario.
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La diputada Luciana Chavarría argumentó que tenían realizadas todas las gestiones necesarias para coordinar el ingreso al país. «En los primeros días de mayo presentamos una nota al embajador con nuestras intenciones, pero el silencio de Ortega y toda esta actitud realmente es intolerable, por eso lo denunciamos a nivel internacional».
«Esto no hace más que confirmar que estamos frente a una dictadura, porque si no tiene nada que ocultar, entonces nos podrían dejar pasar. Recordemos que no hay ningún impedimento legal para que nosotros entremos al país de Nicaragua y por eso queremos valer nuestros derechos y garantías para ingresar», enfatizó.
No es la primera ocasión que Ortega niega la entrada a organismos o defensores de derechos humanos, ya que en varias ocasiones ha restringido el ingreso, inclusive a sus mismos ciudadanos.
Pese a los constantes atropellos a los derechos humanos, la administración orteguista sigue afirmando que Nicaragua es un «país soberano» donde se respetan las libertades.