La Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la confiscación de las instalaciones de algunas de las organizaciones no gubernamentales a las que les fue cancelada la personalidad jurídica. Entre las confiscadas está La Corriente. En redes sociales se ha denunciado también la toma de Operación Sonrisa y Centro Humboldt.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) emitió una alerta urgente por la toma del edificio donde operaba la ONG La Corriente Feminista. «Recibimos información de que la Policía nicaragüense está tomando ilegalmente las instalaciones de La Corriente Feminista», escribió la organización en sus redes sociales.
La organización Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) se refirió a la confiscación de los bienes de La Corriente Feminista. La agrupación escribió en su cuenta de Twitter: «La dictadura nunca va a poder callar a las mujeres feministas».
Luego de la anulación de las organizaciones, se establece que los bienes y acciones que pertenezcan «tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia».
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Al conocerse la cancelación de la personalidad jurídica de la ONG, la directora de La Corriente Feminista, María Teresa Blandón, afirmó que es un intento de silenciar las voces de las organizaciones que el régimen no puede controlar en su «obsesión» de permanecer en el poder.
Blandón argumentó, además, que el Ejecutivo ilegaliza esas ONG para «reforzar las lógicas de control clientelista con las que este gobierno se ha relacionado con la gente desde su retorno al poder hace ya 15 años».
Observó que las ONG han sido clausuradas no necesariamente por «ser críticas al régimen Ortega Murillo, aunque algunas sí lo eran directamente, pero bastaba con que no estuviesen bajo el control del régimen y que no estuvieran dispuestas a repetir el discurso oficial» para ser anuladas.
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En el caso de la ONG La Corriente, Blandón comentó que fue ilegalizada por denunciar, desde que Ortega retornó al poder en 2007, «la falsa retórica del régimen» y «la manipulación que han hecho con las mujeres, sobre todo con la de los sectores más pobres, y la falta de compromiso con los derechos de las mujeres».
80 ONG feministas canceladas desde 2018
IM-Defensoras denunció a inicios de esta semana que 80 ONG feministas han sido ilegalizadas al retirarle la personalidad jurídica por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde diciembre de 2018.
Solo en el mes de junio de este año, en la escalada represiva contra la libertad de asociación, el régimen canceló 27 organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas.
«La cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma», denunció IM-Defensoras.
La ONG explicó que la cancelación de la personalidad jurídica de las asociaciones también incluye la confiscación de sus oficinas, la ocupación de todos sus bienes, la criminalización, el hostigamiento, y ataque de sus integrantes.
IM-Defensoras refiere que el cierre de las ONG genera un «grave impacto sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad, exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales».
