El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide sancionar a 14 jueces y tres magistrados de Apelaciones de Nicaragua por considerarlos «un brazo represor responsable de violaciones de los derechos humanos» e instaron a las autoridades nacionales a liberar inmediatamente a los más de 180 presos políticos.
La resolución, aprobada con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, señala que las sentencias judiciales ilegítimas confirman la deriva represiva del régimen de Daniel Ortega «con la patente connivencia del Poder Judicial», dirigida a silenciar a los opositores.
Noticia relacionada: Kitty Monterrey quiere una «alianza estratégica» contra Ortega
Los eurodiputados también pidieron activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con la que podrían suspender a Nicaragua en el tratado comercial; y solicitaron abrir una investigación formal sobre Daniel Ortega y su régimen a través de la Corte Penal Internacional.
A su vez, lamentaron que la administración de Ortega no condene la invasión de Rusia en Ucrania.
El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años, fue llevado a audiencia preliminar el miércoles, 8 de junio, y dejado bajo prisión preventiva por presunta «violencia física en concurso real de violencia psicológica» en perjuicio de la ciudadana Martha Candelaria Rivas Hernández.
Según la acusación presentada el siete de junio, el sacerdote no había sido detenido; sin embargo, fuentes revelaron a medios nacionales que el religioso fue trasladado con violencia a una cárcel el primero de junio.
El proceso está a cargo de la jueza María Graciela Monterrey Vélez, del Juzgado Distrito Penal Adolescente de Granada, y tiene como testigo a la hija de la supuesta víctima. La Fiscalía también acreditó a policías para testificar en contra del sacerdote, indican medios, y pidió anticipar las pruebas del delito.
El abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia, cuestionó en su cuenta en Twitter «¿cómo llegó el expediente a las manos de una jueza de adolescente y no en manos de la jueza de Violencia de Granada? Y si ¿será una asignación “política” o nadie se quiso embarrar?».
Noticia relacionada: Kitty Monterrey quiere una «alianza estratégica» contra Ortega
El exvicecanciller José Pallais cumplió, este nueve de junio, un año privado de libertad, ahora bajo arresto domiciliario.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el preso político de 69 años padece de enfermedades crónicas que empeoraron tras su detención y, a pesar de estar en casa debido a su condición de salud, el opositor permanece aislado, incomunicado, con vigilancia permanente y sin acceso a la atención médica especializada.
La organización demandó la libertad inmediata del exdiplomático y de los más de 180 presos políticos de Nicaragua.
Este nueve de junio, la opositora y presa política Suyen Barahona cumplió un año más de vida. La presidenta de la organización Unión Democrática Renovadora (Unamos) se encuentra encarcelada en «El Nuevo Chipote», considerado un centro de torturas, y condenada a ocho años de cárcel por presunto menoscabo a la integridad nacional.
Los voluntarios que integran la campaña por la libertad de los reos políticos denominada «Sé Humano» se sumó a los saludos que distintas organizaciones le dedicaron este día.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) anunció que acompaña en «oración» a sus directivos encarcelados por la dictadura. En un escueto comunicado, la patronal recordó a los empresarios presos políticos Michael Healy, Álvaro Vargas, José Adán Aguerri, Luis Rivas, Juan Lorenzo Holmann y Juan Sebastián Chamorro, detenidos durante la cacería de dirigentes gremiales ejecutada desde junio de 2021.
Noticia relacionada: Abogado descarta que a Ortega se le pueda juzgar en la Corte Penal Internacional
El Cosep aprovechó para respaldar el pronunciamiento de un grupo de familiares de presos políticos que piden dialogar con el régimen de Ortega para lograr la liberación de sus parientes.
Esta es la segunda vez que la patronal se suma al llamado que hicieron los familiares de los reos en enero, pero a la fecha, Ortega y sus funcionarios no se han pronunciado sobre la propuesta.
El presidente ilegítimo, Daniel Ortega, autorizó la entrada de efectivos militares, naves y aeronaves de Rusia a partir del primero de julio, para ejercicios de adiestramiento y asistencia humanitaria. Mediante decreto presidencial, se declara que el ingreso de las tropas es con fines de intercambio de beneficio mutuo, así como la salida de tropas, naves y aeronaves nicaragüenses a otras naciones.
Ortega autorizó la entrada de miembros y equipos de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Estados Unidos, México, Venezuela y Cuba. Una presentadora de televisión rusa causó controversia al declarar que «es hora de que Rusia despliegue algo poderoso más cerca de una ciudad estadounidense», pero funcionarios de ese país aclararon que se trata de un ejercicio «rutinario».