Luego de la audiencia preliminar realizada contra el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en Nandaime, la jueza María Graciela Monterrey Vélez decretó prisión preventiva para el religioso. El cura es acusado por el supuesto delito de violencia física y psicológica.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público acusó al religioso por supuestamente atentar en contra de la ciudadana Martha Candelaria Rivas Hernández, de 57 años, quien asegura que mantenía una «amistad intima con el acusado», tiempo en el que asegura sufrió violencia física. García fue asistido por una Defensora Pública, al no tener acreditado a su propio abogado.
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En esta audiencia la juez fijó para el 17 de junio la audiencia inicial donde determinarán si existen suficientes elementos para que el acusado sea remitido a juicio oral y público. La semana pasada, Rivas denunció, a través de medios oficiales, que el sacerdote la golpeó en el pómulo derecho con un candado.
El Ministerio Público ofreció cinco testigos, entre ellas Martha Candelaria Rivas Hernández, su hija Esmeralda Nohemy Sánchez Hernández. También fueron acreditados como testigos los policías Humberto José Sánchez López; teniente Gabriela Suyén Urbina y la Comisionada, Johana Plata Tijerino.
Antes de conocerse la denuncia, vecinos de Nandaime grabaron el sacerdote exaltado, cargando un machete en el atrio del templo y discutiendo con los que lo filmaban, quienes a su vez lo retaban a los golpes, lo amenazaban con apedrearlo y le gritaban «asesino, payaso y padre de mentira».
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Hasta el pasado 25 de mayo, la Policía Nacional mantuvo vigilancia sobre dos parroquias donde se encontraban un obispo y un sacerdote, quienes calificaron de asedio y acoso la presencia de los agentes del orden.
Eso llevó al obispo Rolando Álvarez, un crítico del Gobierno del presidente Daniel Ortega, a comenzar una jornada de ayuno, oración y exorcismo indefinidos hasta que finalizara lo que calificó de asedio policial.
La oposición nicaragüense ha condenado lo que considera una campaña de difamación del Ejecutivo y de los sandinistas en contra de la iglesia Católica, y han recordado la persecución que los religiosos sufrieron durante el primer régimen sandinista (1979-1990) donde un obispo fue desterrado, un sacerdote desnudado, otros diez expulsados y uno acusado de «contrarevolucionario».