La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) demanda justicia, a cuatro años de la «represión y asesinatos» a decenas de civiles en la ciudad de Estelí luego de que ingresara el primer grupo de paramilitares ordenados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Fue un siete de junio de 2018 cuando «apareció en la ciudad de Estelí el primer grupo paramilitar organizado del FSLN, portando armas de guerra, fueron enviados y ordenados para reprimir y asesinar a decenas de civiles inocentes que protestaban en contra de la represión», denunció la Unab por medio de sus redes sociales.
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La red de paramilitares al servicio de Daniel Ortega opera en Nicaragua desde 2018, cuando la población se levantó en protesta contra el Gobierno y exigió la renuncia de Ortega y Murillo. La respuesta del líder sandinista fue una brutal represión policial y paramilitar a las manifestaciones, que dejó un saldo de al menos 355 personas asesinadas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Daniel Ortega ha dado explicaciones diferentes sobre estos grupos. En julio de 2018, el periodista de CNN Andrés Oppenheimer le mostró una fotografía de los paramilitares con banderas del Frente Sandinista. Ortega las desestimó con una frase: «Puede ser un montaje». Luego dijo que eran «ciudadanos defendiéndose» y días después, en entrevista a Euronews, alegó que eran «policías voluntarios».
El artículo 25 de la Ley 872, de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional indica que las tareas que le corresponden a los policías voluntarios son para «auxiliar a la Policía en la vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en casos de desastres naturales». Además, establece que la policía voluntaria debe estar identificada.
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Sin embargo, la red de paramilitares de Ortega no parece un grupo de «voluntarios». No están identificados como policías y operan de civil. La conformación de los paramilitares llevó poco más de un mes y fue el seis de junio de 2018 la primera vez que se les vio operando en coordinación con la Policía Nacional.
Los grupos paramilitares estuvieron integrados por empleados públicos, exmilitares, miembros de la Juventud Sandinista y pandilleros, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la CIDH para investigar los hechos de violencia ocurrida en Nicaragua entre el 18 de abril y el 31 de mayo de 2018.