El próximo 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictará su fallo sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia. En el 2013, Managua acusó al país sudamericano por presuntas violaciones de derechos soberanos en espacios marítimos del Mar de Caribe.
Según Nicaragua, Colombia habría incumplido el fallo que el mismo tribunal dictó en 2012 cuando definió los límites marítimos. Los representantes de ambas naciones fueron citados en La Haya, Países Bajos.
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Esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votará una resolución que establecería un mecanismo de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos ocurridos desde el 2018 en Nicaragua. El mecanismo estaría conformado por personas expertas internacionales e independientes, encargadas de investigar los atropellos y recopilar las potenciales evidencias y, cuando sea posible, identificar a los responsables.
Esta medida es una petición de distintas organizaciones de nicaragüenses y defensores de derechos humanos que conforman el Colectivo 46/2. Documentar los crímenes sería el primer paso para poder llevar al régimen de Ortega ante la justicia.
La administración nicaragüense continúa nacionalizando a extranjeros. Este miércoles, el régimen informó que la escritora y periodista cubana Teresita Candia Ferreyra, y el palestino Mohammad Nael Naim Alsawaleha, ya son nicaragüenses.
El diario oficial La Gaceta indica que ambos tienen «permanencia continua en el territorio nacional y poseen vínculo de consanguinidad con ciudadanos nicaragüenses». El régimen de Daniel Ortega ha nacionalizado a funcionarios rusos, hijos de empresarios vinculados a supuesto lavado de dinero y a exmandatarios salvadoreños buscados por la justicia.
La abogada defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez afirma que la aprobación de la reforma a la Ley del Notariado será «otra arma para procesarlos (porque) en el contexto actual, al no haber buenos administradores, se vuelve abusiva, corrupta y malintencionada».
El régimen de Nicaragua estaría obligando a los profesionales del derecho a reportar «operaciones sospechosas» de sus clientes a las instituciones estatales. Según el régimen, la reforma fue para «proteger al país de las acciones del crimen organizado, financiamiento al terrorismo y el lavado de activos».
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El Banco Central de Nicaragua informó que, el año pasado, la Inversión Extranjera Directa (IED) totalizó 1 mil 470.1 millones de dólares, lo que representa un incremento de 52.7% en relación al año 2020.
Los millones captados equivale a un poco más del 10% del Producto Interno Bruto del país, aseguró la entidad. El titular de esa cartera, Ovidio Reyes, explicó que dicha inversión está alineada con la recuperación de la actividad económico mundial. Los sectores con mayores flujos de Inversión Extranjera Directa fueron energía y minas, industria manufacturera, comunicaciones, y comercio y servicios.
La Asamblea Nacional inició de manera apresurada el proceso de consultas de la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea convocó el 29 de marzo a las autoridades superiores del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), las que habrían dado sus consideraciones. El CNU es dirigido por Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua, considerada afín al régimen.