La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales señalan que el régimen de Nicaragua, con la sentencia condenatoria contra los extrabajadores y exdirectivos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), pretenden continuar cerrando el espacio cívico del país.
Además, rechazan las recientes cancelaciones de personalidad jurídicas a 25 organizaciones de la sociedad civil. La dictadura de Ortega ha «acelerado el cierre del espacio público en Nicaragua», resaltan.
En el comunicado, los organismos rechazan las condenas de cárcel impuestas a contra las personas vinculadas al caso FVBCH. Aseguran que «esta decisión judicial se inserta en un contexto de medidas adoptadas por el Ejecutivo mediante el concurso de diferentes instituciones estatales alineadas y dirigidas por el Ejecutivo para cerrar el espacio cívico».
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Las acciones del régimen de Ortega «atentan gravemente contra organizaciones que ejercen la defensa de los derechos humanos, la libertad de asociación y de expresión», denuncian.
«Según información del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), al menos 135 organizaciones han sido cerradas de manera forzada desde diciembre de 2018», indican.
La CIDH y sus Relatorías Especiales reiteran que la administración de Ortega ha concentrado el poder en el Ejecutivo y como consecuencia de esto ha quebrantado el Estado de Derecho en Nicaragua.
Advierten que «el cierre masivo y forzado de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, agencias de cooperación y desarrollo, colectivos feministas, gremios médicos, entre otros; impactan negativamente en la población nicaragüense puesto que la deja en un estado de indefensión y mayor vulnerabilidad para la defensa de sus derechos, y desincentivar cualquier forma de asociación y expresión de disenso».
Preocupación por ilegalización de ONG
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) mostró su preocupación ante la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), y la anterior cancelación de PEN Nicaragua.
Subraya que las tres organizaciones promovían «la libertad de expresión y la promoción de un periodismo de calidad en el país».
«Tanto la FVBCH como PEN Nicaragua se vieron forzadas a cesar sus operaciones en febrero de 2021 a raíz de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa cuestionada por la RELE y Relatores de Naciones Unidas por ser contraria a los estándares internacionales en la materia», indica la RELE.
Mientras tanto, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenó la ilegalización del Centro Alexander von Humboldt (Centro Humboldt), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y la Asociación Operación Sonrisa.
Sobre estas entidades recalca que su fin era «la defensa del ambiente y de los territorios frente al cambio climático, a la erradicación de la pobreza y a la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».
Igualmente, menciona «el Centro Humboldt funge además como la coordinadora regional de la Red de Acción Climática para Latinoamérica (CANLA en inglés), la cual abarca una amplia red de organizaciones de sociedad civil que concierta los esfuerzos de promoción y defensa de las acciones climáticas desde un enfoque de derechos en la región».
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Sobre la cancelación del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) remarcan que el organismo «ha contribuido históricamente a la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe».
Igualmente, demandan al régimen de Daniel Ortega la liberación de todas las personas presas políticas y el cese de la «persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas, de relevancia democrática y, por lo tanto, especialmente protegidas por el derecho internacional».
