Jared Genser, abogado internacional de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, presentó este cuatro de marzo un informe detallado en referencia a la condena dictada contra los opositores mediante lo que considera «juicios espeluznantes» debido a la «gravedad de las violaciones sustantivas» cometidas por el régimen durante ese proceso.
El defensor de derechos humanos detalló que «su arresto, juicio, condena y sentencia es la culminación de una pesadilla kafkiana (trágica) de ocho meses, que comenzó con arrestos ilegales, incluyó 84 días de desaparición forzada y ha sido caracterizada por tortura, detención prolongada en régimen de incomunicación, graves violaciones al debido proceso, y detención arbitraria, todo en flagrante violación de sus derechos bajo el derecho nicaragüense e internacional».
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El tres de marzo Maradiaga y Chamorro fueron sentenciados a cumplir cada uno 13 años en prisión por el supuesto delito de «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional». Fueron condenados luego de siete audiencias que comenzaron el 15 de febrero. La condena la dictó el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez Quinto de Distrito para lo Penal de Managua.
«El “juicio” de Chamorro y Maradiaga es espeluznante tanto por la cantidad como por la gravedad de las violaciones sustantivas y al debido proceso exhibidas, y demuestra cómo el régimen de (Daniel) Ortega ha tomado el control total de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para promover sus intereses autocráticos. En efecto, el régimen de Ortega cometió 35 violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el juicio», denuncia el documento presentado por su representante legal.
Entre las irregularidades se mencionan que los rehenes de conciencia tuvieron muy poco o ningún contacto con sus abogados. El primer día del juicio, los presos pudieron hablar con sus abogados durante dos minutos antes de que comenzara el juicio, bajo vigilancia policial. Durante todo el proceso, los presos fueron sentados separados de sus abogados para impedir cualquier comunicación. A los abogados también se les impidió dirigirse libremente al tribunal y se les negó hablar en varias ocasiones.
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Además de que a Chamorro y Maradiaga «se les impidió hablar en cualquier momento de su juicio; solo se les permitió indicar “sí” o “no” con la cabeza e incluso fueron castigados por hacerlo con demasiado entusiasmo. El último día de su juicio, a cada uno se le permitió hacer una breve declaración de tres minutos, pero fue la primera vez que se les permitió hablar durante el proceso entero de siete días».
Durante el juicio, la Fiscalía presentó a 27 agentes de la Policía como testigos en contra los siete presos políticos. La única prueba que se les imputaba era su participación a un grupo de WhatsApp y unas entrevistas de televisión. También presentaron la supuesta evidencia material, incluyendo objetos que fueron obtenidos durante los allanamientos ilegales a las casas de los presos.
Sin embargo, denuncian que «la evidencia material presentada nunca fue directamente relacionada con el presunto delito: por ejemplo, una unidad USB se presentó como “evidencia” y la Fiscalía alegó que contenía documentación de actividad ilegal, pero la documentación en sí nunca se presentó. En el caso de Chamorro, la Fiscalía presentó un iPhone 4 obtenido durante el allanamiento a su domicilio, pero estaba configurado con los ajustes de la fábrica y no se había utilizado en años», afirma su abogado.
Afirman que en uno de los casos «un teniente detective de la Policía Nacional de Nicaragua, José Gabriel Bustamante Borges, fue llamado a dar su testimonio contra Chamorro. El detective Bustamante dijo falsamente que Chamorro había enviado una carta pidiendo sanciones. La defensa leyó la carta, demostrando que no pedía sanciones, pero el testigo siguió alegando que la carta pedía sanciones».
Ante estas situaciones de «falta de pruebas» para las acusaciones de ambos opositores alegan que «estaba claro que los testigos convocados por la Fiscalía tenían poco o no conocimiento firme de la actividad delictiva alegada presentada en los cargos contra los acusados».
En cuanto a las acciones en el marco internacional, Genser asegura que continuarán ejerciendo presión para que los encarcelados sean liberados de manera incondicional, solicitando a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tome acciones referente a estas violaciones de derechos humanos contra opositores y advirtiéndole a los aliados del régimen que «ese apoyo tendrá graves consecuencias para ellos».
Las esposas y perseguidas políticas de Chamorro y Maradiaga, Victoria Cárdenas y Berta Valle, respectivamente; remarcaron el deterioro físico al que el régimen ha sometido a sus maridos.
«Los hemos visto muy deteriorados de salud. Pedimos a la comunidad internacional que nos ayude porque además de tratarse de juicios nulos también es una cuestión de derechos humanos. Vimos lo de Hugo Torres y tememos que se repita», expresó Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro.