El Parlamento Europeo llevó al plenario una nueva resolución en contra del régimen de Nicaragua, en la que piden más sanciones individuales contra los operadores del gobierno. Al mismo tiempo, demandan que se abra una investigación formal, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), contra Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad.
El primero de los oradores fue el político venezolano nacionalizado español y actual diputado en el Parlamento Europeo, Leopoldo López Gil, quien de manera contundente expresó que la eurocámara «condena rotundamente la instalación del autoritarismo en Nicaragua a manos del dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Esta institución nunca será cómplice de la pantomima con apariencia de proceso electoral que se llevó a cabo el pasado siete de noviembre por lo tanto no reconoce los resultados del proceso y no reconoce en consecuencia a las autoridades emanadas de ella».
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López denunció ante el plenario la «farsa electoral» afirmando que en el país se realizaron elecciones sin las mínimas garantías y bajo las reglas de Ortega.
«Debemos recordarle al dictador que dicha farsa no solo no cumplió con los principios de libertad, transparencia y democracia por lo que se deben caracterizar los procesos electorales con garantías sino que tampoco fue reconocida por la población con casi un 85 % de abstención en las urnas. Ortega se molesta con la comunidad internacional cuando se le recuerdan sus obligaciones vistas las continuas violaciones a los derechos humanos en su país», recalcó el político, quien pidió a la Unión Europea utilizar todas sus herramientas para tomar medidas adicionales contra el régimen y demandó que las sanciones incluyan al mismo Daniel Ortega.
El político español Javier López apoyó las declaraciones de su antecesor declarando las elecciones en Nicaragua como «una farsa electoral que ha violado todos los estándares internacionales y se ha desarrollado en un contexto de gran violencia e intimidación con la supresión de toda la oposición democrática. Todavía hoy hay siete precandidatos presidenciales que siguen detenidos por motivos políticos con procesos judiciales absolutamente irregulares, el régimen Ortega-Murillo ha completado así el siguiente paso para la conversión del país en una verdadera dictadura».
Esos precandidatos a los que hace alusión son Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, todos encarcelados o con casa por cárcel meses antes del proceso de noviembre.
La diputada del Parlamento Europeo María Soraya Rodríguez hizo hincapié en el encarcelamiento de las mujeres opositoras en el país destacando los casos de Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Tamara Dávila, quienes están detenidas bajo condiciones inhumanas y sometidas a torturas sicológicas, según lo han denunciado sus familiares.
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Rodríguez manifestó que «las cuatro mujeres opositoras al frente de la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua cumplieron seis meses de prisión, seis meses de acoso y seis meses de tortura bajo prisión. Pero, hay más de 170 presos políticos, en esta resolución lo primero que pedimos es la libertad inmediata de todos ellos».
La diputada Tilly Metz abogó por el cese de la violencia contra comunitarios indígenas, resaltando la situación de vulnerabilidad que enfrentan con las recientes masacres hacia los pobladores y la criminalización a los defensores ambientales que han denunciado estas situaciones en los territorios miskitos y mayangnas.
La mayoría, condenó la violación a los derechos humanos en Nicaragua, demandaron la liberación de los presos políticos y solicitaron la revisión del tratado comercial con la Unión Europea, pues una de las peticiones es la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación (Ada) para dejar de financiar al régimen de Ortega.