La nueva resolución del Parlamento Europeo contra el régimen Ortega-Murillo, que será discutida este 14 de diciembre y que se votará dos días después, pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que «abran una investigación formal, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), contra Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad de los que son responsables el Estado nicaragüense y Daniel Ortega».
Sobre el ejercicio de competencia del Estatuto de Roma, el artículo 13 establece que el Consejo de Seguridad puede remitir al fiscal de la CPI una situación en que parezca haberse cometido crímenes que son competencia de esta Corte. El Consejo de Seguridad puede tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas, de acuerdo a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas.
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«… en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, esto es: asesinato, deportación o traslado forzoso de personas, encarcelamiento u otra privación de libertad física contraria a las normas fundamentales del Derecho internacional, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución política, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos; subraya que estos actos forman parte de una política estatal llevada a cabo por la dictadura de Daniel Ortega y se han intensificado desde abril de 2018», se lee en el punto 10 de la resolución.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad en su informe final que abarcó los hechos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, los primeros días de la cruenta represión que ejerció la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los manifestantes pacíficos que exigían la derogación de la reforma fallida al Seguro Social.
Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma
La CPI es el órgano judicial permanente encargado de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. La ratificación universal del Estatuto que la establece, supondría un compromiso global de lucha por la justicia internacional que no dejaría ni una sola opción de escapar de la exigencia de responsabilidad penal a los perpetradores de estos crímenes.
Hasta hoy, el Estatuto ha sido ratificado por 111 países desde que fue aprobado. Nicaragua y Cuba son los únicos países de América Latina que aún no lo han hecho.
Marcha del Día de las Madres de 2018, manifestación multitudinaria que terminó en represión por parte del Estado. Foto: Artículo 66/EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó en una visita a Nicaragua las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses en el contexto de las protestas de 2018, una revuelta que dejó como saldo más de 320 víctimas. Los crímenes continúan en la impunidad.
En la resolución del Parlamento Europea también se pide la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas presas políticas, la anulación de los procesos judiciales y una prueba de vida de todos los reos de conciencia.
