La comunidad internacional ha elevado su tono de crítica contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de la escalada represiva que ha derivado en el apresamiento de cuatro precandidatos presidenciales y dirigentes opositores. Este 10 de junio, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una entrevista con la cadena CNN llamó a Ortega dictador, calificativo que ya había sugerido usar a la comunidad internacional Julie Chung, subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
Almagro solicitó el miércoles al Consejo Permanente una reunión de urgencia para Nicaragua, considerando la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
La administración del presidente Joe Biden también ya sancionó a cuatro funcionarios más del régimen sandinista: Camila Ortega Murillo, hija de la pareja gobernante; al diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista; José Ovidio Reyes, titular del Banco Central de Nicaragua (BCN) y al coronel del Ejército, Julio Modesto Rodríguez Balladares, quien en el 2019 dirigía el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
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Por su parte, la Unión Europea envió este jueves un fuerte mensaje al régimen nicaragüense. El Alto Representante emitió una declaración sobre el deterioro de la situación política. Condenaron los recientes arrestos de opositores y advirtió usar instrumentos para la restauración democrática en el país. También eurodiputados enviaron una carta a Daniel Ortega por estos abusos que está cometiendo.
En la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei pidió a Daniel Ortega echar marcha atrás con sus atropellos, liberar a los presos políticos y expresó que estas acciones socavan la institucionalidad de todo el istmo y los resultados podrían convertirse en una migración muy grande.
Ante ese panorama adverso para el régimen, el exembajador de Nicaragua ante la OEA y analista político Mauricio Díaz, explica a REDACCIÓN ABIERTA las repercusiones internacionales. “Más que negociar con los Estados Unidos, el problema que veo es que nos está poniendo en un radar equivocado”, advirtió el exdiplomático.
Luis Almagro pasó a las acciones y solicitó al Consejo Permanente una reunión de urgencia, en la que entiende debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué opina al respecto?
Está haciendo lo que corresponde. Desde hace rato, si nos atenemos a los hechos que han acontecido en Nicaragua, nosotros estaríamos en el artículo 19 de la Carta Democrática que dice: “cuando se da una alteración del orden constitucional, el estado no puede estar asistiendo a las actividades ordinarias de la Asamblea”. Y eso nunca pasó. Luis Almagro ya dice dos cosas interesantes: Primera, que hay una ruptura de orden constitucional en Nicaragua y que, por lo tanto, está pidiendo la convocatoria de emergencia para ver la posibilidad de aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, que se denomina cláusula democrática. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente ya tengan los votos calificados, porque son las dos terceras partes, de los Estados miembros, es decir 24 votos… si no tienen los votos sería un error estar hablando de la suspensión de Nicaragua. Según mi cálculo, es que ya los tienen.
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Ahora viene el otro tema, es suspensión, no expulsión. La suspensión consiste en que el Estado transgresor reconsidere y tome las medidas correctivas para regresar al seno del organismo. Es una especie de periodo de prueba que le están dando. Vamos a suspenderte, perdés tus derechos, pero no tus deberes, dice la carta particularmente en materia de respeto de los derechos humanos. Lo peor que puede pasar es que suspendan al Estado de Nicaragua porque entonces la pérdida de esos derechos, implica, las fuentes de acceso a las instituciones financieras internacionales en este caso particularmente el BID, BCIE. Lo otro es el desprestigio que representa para el Estado que lo dejen excluido del sistema hemisférico por fragantes compromisos contenidos en la carta, particularmente el tema de las elecciones, respeto a los derechos humanos y todo lo que aquí ha pasado. Hay un acumulado de agravios, desde antes del 2018, pero las cuentas las hacemos a partir de abril del 2018 por la masacre, y por lo que se está tipificado como delitos de lesa humanidad.
Esas son las consecuencias que tendría que pagar el Estado si se da la suspensión. Y no es el Estado en abstracto, es la nación, es el pueblo, es el gobierno: dejan de percibir recursos y se paralizan los proyectos. Creo que incluso tiene efectos sobre créditos ya aprobados, y no desembolsados, lo cual explica que se paralizarían los préstamos aprobados.
El Parlamento Europeo respalda la resolución de la OEA sobre la situación de Nicaragua, y por el panorama adverso electoral, detenciones de opositores y atropellos contra periodistas, le advirtieron sobre el acuerdo comercial. ¿Qué significado tiene?
Los europeos siguen buscando la forma de aplicar también la cláusula democrática en el acuerdo de asociación, pero tienen un impedimento porque el acuerdo de asociación es de región a región, entonces tienen que buscar la manera de aplicar sanciones a un Estado. Pero están valorando la posibilidad de aplicar algunas sanciones, que también no son buenas noticias, porque significa un golpe a la economía nacional a los productores, como lo que podría suceder si los norteamericanos deciden aplicar restricciones con el DR-CAFTA.
Lo más malo es que este gobierno no parece entender de nada. Todo lo que estamos viendo han sido llamados de cordura, de atención, vehementes, fraternales, de Estado a Estado, de región a región, de organismos internacionales al Estado de Nicaragua, y aquí la actitud simplemente es no escuchar nada, bajo el argumento que es un Estado soberano, y que todo es intromisión en los asuntos internos de Nicaragua.
Pero se les olvida que la cooperación internacional proviene de impuestos, de las cooperaciones de los ciudadanos de los países miembros, por ejemplo, de la Unión Europea, de los norteamericanos… Estar pidiendo cooperación sin condiciones también es un acto de irresponsabilidad, o estar pidiendo dinero pero no me obliguen a cumplir, por ejemplo, con los pilares de gobernabilidad contenidos en el acuerdo de asociación. Es una manera de tratar de burlar los compromisos. Los compromisos son integrales, no es solamente “dame” y nada más. La solidaridad es mutua. Es de idas y de vueltas. No “dame dinero y no me exijas nada”. Los gobiernos que tienen dinero tienen el deber de cumplir algunas normas… lo mismo pasa con la cooperación de cualquier lado del mundo. No hay quien dé sin condiciones. El dinero de Venezuela vino a cuenta de que este gobierno se definiera de socialista del siglo XXI. ¿Qué indica eso? Que había condicionalidades, entre ellas compromisos políticos, que no me digan que fue una cooperación incondicional. Desgraciadamente, lo que hizo Hugo Chávez fue heredarnos una nueva dictadura a nosotros, pero su dinero no sirvió para transformar la realidad económica y social de Nicaragua.
Hay cuatro nuevos funcionarios nicaragüenses sancionados, esta vez bajo la administración de Joe Biden. ¿Ve algún cambio de Daniel Ortega con estas sanciones?
El tema de las sanciones son acciones unilaterales de los Estados Unidos porque consideran que es su derecho, eso no lo digo yo, lo dicen ellos, quien provoca las sanciones no soy yo, no somos los nicaragüenses, son las actuaciones del Estado, del gobierno. De tal manera que creo que las políticas de las sanciones, que publiquen los Estados Unidos, responden a las lógicas de ellos, a su visión geopolítica, geoestratégica… La administración desde hace tres años atrás en una orden ejecutiva dijo que Nicaragua atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y repito, esto no lo estamos inventando, ni usted ni yo, para que no digan que estamos pidiendo más sanciones. Son hechos que son constatables, que este gobierno en vez de escucharlas y atenderlas, lo que hace es apretar hacia adentro. Así como aprietan aquellos, estos aprietan encarcelando, deteniendo, endureciendo posiciones hacia adentro. Esa es una mala noticia porque nos están metiendo en conflictos que no sabemos a dónde vamos a terminar, es un pleito de un país pequeño y el segundo más pobre frente del continente, aunque digan lo contrario, versus una potencia mundial… y llevamos todas las de perder.
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Julie Chung, subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU recomienda a la comunidad internacional llamar dictador a Daniel Ortega ¿Podría repercutir ese calificativo con otros gobiernos?
Tenemos que esperar qué pasa con la OEA en la reunión con el Consejo Permanente, porque en función de eso pueden venir otras cosas. Entiendo que esta es una formulación política de Estados Unidos para llamar la atención sobre lo que está aconteciendo en Nicaragua, pero que posteriormente podrían darse otras situaciones. Ya hay países que bilateralmente están criticando lo que está sucediendo, pero eso en todo caso serían también acciones unilaterales de esos Estados que decidirán, por ejemplo, romper relaciones, retirar embajadores… por donde lo veamos, no son buenas noticias en el mediano y largo plazo.
¿Se puede considerar que la comunidad internacional está alerta con la situación de Nicaragua o es una falsa percepción?
Hay que estar claros que la comunidad internacional es una realidad, pero generalmente aquí se piensa que la comunidad internacional va a venir a resolver los problemas de los nicaragüenses. No hay nada más alejado de la realidad. Cuando hablamos de la comunidad internacional, estamos haciendo referencia a las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, OEA, las instituciones financieras internacionales y también los Estados que componen los organismos, y yo lo que veo es que hay una serie de preocupaciones en materia bi y multilateral.
Tengo algún tiempo de estar diciendo que en Nicaragua ya todo está dicho, que nuestro caso es del pleno conocimiento de todas las organizaciones particularmente las de derechos humanos, tanto el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entonces, los Estados democráticos del mundo saben que aquí se han violado flagrantemente derechos humanos, que aquí han sucedido hechos como los del 2018, que aquí ha habido violaciones al elemental derecho de hacer uso del voto como un elemento pacífico para la solución de conflictos políticos y para la renovación periódica del poder.
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Los Estados se están pronunciando: Canadá, Gran Bretaña, Alemania, pero todos ellos tienen políticas de cooperación que han venido manteniendo.
¿Se necesita más pronunciamiento que se sumen a los que ha hecho EE.UU, UE, Costa Rica, Canadá y Reino Unido, ahora Alemania? Por ejemplo, el gobierno de Ortega rechazó enérgicamente la solidaridad con periodistas y opositores que expresó el canciller de República Dominicana.
Eso no nos debe de llamar mucho la atención ni extrañarnos. Este tipo de regímenes siempre invocan el principio de soberanía nacional, autodeterminación, incluso cuando están violando derechos humanos fundamentales. Es una manera de guardarse las espaldas, de tratar de cubrir su impunidad, tratar de evitar que los países bi o multilateralmente señalen violaciones graves a las situaciones de los ciudadanos en cada uno de los países. Así se pone de manifiesto que el sistema hemisférico, por ejemplo, la OEA, que tiene consagrado esos principios en su carta constitutiva y en la Carta Democrática Interamericana, no surten ningún efecto.
La Carta Democrática fue firmada supuestamente para que hagan mecanismos preventivos frente a los intentos de golpes de Estado y de acciones que atentan contra la paz. Esos mecanismos preventivos no surten efectos, sobre todo cuando el Estado dice que no se metan en sus asuntos internos invocando la autodeterminación y soberanía. Un aspecto que les sirve a estos gobiernos es que se requiere el consentimiento de ellos para la actuación de esos organismos. No hay mecanismos compulsivos a no ser que el caso llegue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y haya una aprobación que obligue al Estado, a un país donde hay una crisis humanitaria, por ejemplo, aceptar la presencia de cascos azules, de cascos blancos, etcétera. En el caso de Nicaragua este gobierno conoce perfectamente los mandatos, límites, debilidades y fortalezas, del sistema internacional. Y sigue jugando a eso, está desafiando al continente y al mundo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo recientemente que correspondía a los Estados pronunciarse sobre el plazo de reformas que se le dio a Ortega.
Esa es otra cosa que yo sigo sin entender. Después que hay una Asamblea General de la OEA, después que la Asamblea emite una resolución, pide al gobierno de Nicaragua que reforme la Ley Electoral, que dialogue, que haya cambio en la composición del Poder Electoral, ahora resulta que le corresponde a los Estados. Yo tenía entendido que esa era una etapa agotada, que se le había dado un plazo, una vez que se había cumplido y que el secretario general debería de haber convocado, otra vez, al consejo permanente, o a la reunión de consulta de cancilleres. Parece un juego de ping pong: alguien le pasa la pelota al otro, ¿qué es lo que viene ahora?
Probablemente acciones bilaterales de algunos Estados que se están pronunciando, los europeos también diciéndole que le van a aplicar la cláusula democrática contenida en el acuerdo de asociación. Quien termina afectado es el Estado en general, y la economía nacional en materia de comercio, intercambio, beneficios, comercio internacional; pero lo que veo hasta el día de hoy es a este gobierno jugando con el destino nacional. Sigue jugando con los tiempos y con los cumplimientos, porque no ha dado para nada lo que le pidió la OEA. ¿Vamos a ir a unas elecciones bajo estas condiciones o ya no van a haber elecciones? ¿Cómo van a haber elecciones si están metiendo a la cárcel a los precandidatos a la presidencia?
El hecho de que Daniel Ortega haya elevado la parada contra opositores y periodistas, ¿persigue llegar a una negociación con EE.UU?
Entiendo que los Estados Unidos han intentado por distintas maneras tener acercamiento con el gobierno y estos han sido rechazados, bajo el argumento que después de las elecciones de noviembre se van a sentar a conversar, en una manera de quitárselos de encima y volver el tema que las decisiones de esa naturaleza se van a tomar a nivel interno sin injerencia extranjera.
Más que negociar con los Estados Unidos, el problema que veo es que nos está poniendo en un radar equivocado y pésimo porque ya somos otra vez parte del viejo conflicto de este y oeste de la época de la Guerra Fría, como lo fuimos en la época de los ochenta. Putin está haciendo lo mismo que se está haciendo aquí, persiguiendo a los partidos, amenazando con aplicar leyes muy similares a las que hay acá. Está ninguneando la democracia y las libertades fundamentales del mundo libre.
Desde EE.UU se escucha con más frecuencia a los congresistas presionar a Joe Biden, los congresistas han mencionado la Ley Renacer. De aprobar, ¿cuál sería el impacto?
Sería desastroso. Primero porque Estados Unidos es el principal mercado internacional para nuestros productos, después sigue Centroamérica. Y en segundo lugar, el tema que tiene que ver con remesas, toda la cantidad de dinero que viene para nuestras familias. Desde cualquier perspectiva sería catastrófico para un país como el nuestro: tan débil, tan vulnerable, tan pobre. Terminaríamos de hundirnos. Por donde la veamos no es ninguna buena noticia.
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Veo que este es un tema de nunca acabar, refresquemos la memoria y miremos cómo han sido las cosas, todas las amenazas que hubo sobre Venezuela… Está Maduro, Venezuela con sus problemas humanitarios, exilios… este régimen también ha sabido explotar las contradicciones de las democracias donde funcionan modelos pluralistas, bipartidarios como en EE.UU, donde ya las pugnas por el poder, los absorben, y los conflictos internacionales parecen que caen dentro de las contradicciones bipartidarias y parecen temas de nunca acabar. Tocar el tema del DR-Cafta es bien delicado.
El sector privado tampoco ha tenido una postura fuerte en Nicaragua, más allá de los comunicados. ¿Qué podrían hacer para que el pueblo, considere que están presionando al régimen para que Nicaragua no continúe yéndose al despeñadero?
No sé, esa respuesta se la debería de dar el Cosep y los empresarios. La única empresa que tengo es mi vida. Mejor no opino, ellos tienen sus intereses y saben a lo que se atienen.
Si inhiben a las principales figuras de la oposición en Nicaragua. ¿Haría bien el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) participar en unos comicios con un candidato con bajo índice de popularidad?
No puedo hablar en nombre del partido. Lo que le puedo decir es que toda esta estrategia responde a la lógica de desprestigiar el sistema electoral. Lo han hecho desde hace muchos años, desde la época de Roberto Rivas (expresidente del Consejo Supremo Electoral), que fue uno de los que comenzó a demoler el sistema electoral para que la gente comenzara a perderle fe a su voto. Creo que lo que va a venir aquí es una toma de decisión en cuanto a ir o no ir, y con quién ir. Para eso no ha llegado el momento, pero sí va a ser muy interesante porque si no se asiste a una elección, simplemente se le da gusto al régimen que haga lo que quiera con el país, váyase con su oposición funcional.
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Si Ortega no logra tener competencia en estas elecciones, incluso en un escenario en el que la comunidad internacional desconozca el proceso, ¿cómo podría sostenerse Nicaragua, si nuestro país es muy distinto a Cuba y Venezuela?
Hay que estudiar la historia del mundo y entender lo que fue Albania, con un dictador que se llamó Enver Hoxha que convirtió a su país en una especie de finca. Probablemente terminemos siendo una especie de Cuba en tierra firme, una gran finca dominada por una familia, más parecido a un feudo del Medioevo, que un Estado moderno. Corremos el riesgo de convertirnos en un Estado fallido.