La Organización de Estados Americanos sesionó este martes, 15 de junio, de forma extraordinaria para analizar la situación de Nicaragua, donde en las últimas tres semanas se ha acrecentado la represión contra la oposición, al punto de sumar más de una docena más de presos políticos; entre los que figuran cuatro precandidatos presidenciales.
Los funcionarios del régimen le advirtieron al doctor José Luis Borgen que de continuar compartiendo información sobre la pandemia del COVID-19, podría ser enjuiciado bajo la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza. El galeno Carlos Quant también fue citado.
La reunión virtual se realizó a petición de la solicitud que hiciera Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien pidió se evalúe la suspensión de Nicaragua de ese organismo aplicándole el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. La petición fue respaldada por las misiones permanentes de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.
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Luis Alvarado, embajador del régimen de Daniel Ortega ante la OEA, pidió la palabra antes que iniciase a ponerse en marcha el orden del día. «La delegación Gobierno de Nicaragua desaprueba la convocatoria de este Consejo Permanente que no ha sido aprobado por Nicaragua, por lo que rechaza enérgicamente igual que la resolución que pretende imponerse», alegó de entrada el representante de la dictadura, quien solicitó una votación nominal para que se conociera si los estados miembros estaban de acuerdo con que se abordara esta situación, aunque después declaró que se refería solo a la votación final.
Luis Alvarado, representante del orteguismo en la OEA.
Alvarado advirtió que hablaría las veces que fuese necesario porque esa sesión se trataba de un «acto de injerencia» contra su Gobierno. Así evitó que el tema generara debate y se fue directo a la votación de la resolución.
El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica votaron a favor de la propuesta. Se opusieron Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas; y las abstenciones se concentraron en Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica. En total, 26 estados miembros respaldaron la resolución, tres en contra y cinco abstenciones.
Libertad inmediata para opositores
En lo aprobado se denuncia que Ortega aprobó unas amañadas reformas electorales que incumplen las «normas internacionales». Al mismo tiempo, condenan «inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos».
Igualmente, demandan ajustes para garantizar unas elecciones libres y justas en noviembre de 2021, lo que pasaría por permitir observadores nacionales e internacionales.
Se le volteó (traicionó) Venezuela al régimen Ortega-Murillo y votó a favor. Barbados, Bahamas, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Suriname, St. Kitts y Nevis, y Santa Lucía, islas del Caribe, que generalmente se abstienen también votaron a favor, Argentina se abstuvo confirmando que no tiene ningún plan para apoyar el fin de la crisis en Nicaragua, tal como se lo prometió a EEUU, Alberto Fernández y su jefa, la Kichner, son aliados de los Ortega Murillo.