El diputado Edwin Castro; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; una de las hijas de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo; y el director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), general de brigada Julio Modesto Rodríguez, son los funcionarios del régimen de Daniel Ortega que se estrenaron en la «lista negra» del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ahora bajo la administración de Joe Biden. De esta manera, el país norteamericano continúa acercándose al Ejército de Nicaragua y cerrando las puertas a la descendencia de los dictadores.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
El Gobierno estadounidense impuso estas designaciones este miércoles, nueve de junio, porque «estos ciudadanos apoyan a un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de los civiles, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y tratan de silenciar a los medios de comunicación independientes».
«Las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda», dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros Andrea M. Gacki.
CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO
Es la hija de la pareja de dictadores, conocida en el país por sus sueños de modelo y fundar su evento de moda Nicaragua Diseña, aprovechando las arcas del Estado. Señalada de mantener el Canal 13 con recursos públicos, no enfocado para difundir noticias, sino para propaganda partidaria.
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Estados Unidos detalla que se trata de una «asesora clave del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, además es coordinadora de la Comisión de Economía Creativa. Desde 2011, administra el canal de televisión Canal 13, un medio de comunicación familiar que difunde propaganda estatal».
El país norteamericano resalta que «Ortega utiliza las leyes fiscales y de gastos estatales para promover los canales de la familia y exprimir a los medios independientes».
LEONARDO OVIDIO REYES RAMÍREZ
Estados Unidos lo señala de aprovechar su cargo como presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), a través del cual podría «obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua con el riesgo de facilitar transacciones sancionables».
«Reyes codirige la implementación de la nueva Ley para la Protección de Consumidores y Usuarios», indica el Departamento del Tesoro. «Las instituciones financieras en Nicaragua que se niegan a cumplir con la ley pueden estar sujetas a acciones punitivas por parte del BCN alineado al régimen y la Superintendencia de Bancos, los implementadores de la ley, todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía de Nicaragua».
EDWIN RAMÓN CASTRO RIVERA
El eterno diputado sandinista, leal de Ortega-Murillo y nombrado jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional, es señalado por Estados Unidos como operador de las reformas electorales hechas a la medida de Ortega, desde su cargo como miembro de la Comisión Especial de Asuntos Electorales.
«El 4 de mayo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó controvertidas reformas a la ley electoral. Las reformas no incorporaron la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de octubre de 2020 que pedía las reformas electorales necesarias para celebrar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021. (Por el contrario) las reformas institucionalizan leyes represivas que permiten al gobierno restringir la participación de los partidos políticos en la próximas elecciones y no prevén disposiciones para la observación electoral internacional».
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La Asamblea Nacional también nombró nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), «la mayoría de los cuales son leales al régimen que ya han reforzado el control del Consejo sobre el proceso electoral», detalla EE. UU.
JULIO MODESTO RODRÍGUEZ BALLADARES
El general de brigada es el encargado del IPSM, el fondo público de inversiones del Ejército de Nicaragua. La administración de Biden insiste que «el Ejército brindó apoyo a la Policía Nacional y los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes al atacarlos, lo que resultó en más de 300 muertes y daños físicos y psicológicos».
Las acciones de Estados Unidos se evidenciaron horas después que el régimen impusiera «cárcel» a cuatro líderes políticos y de la sociedad civil en un solo día. En menos de una semana y a cinco meses de celebrarse las eventuales elecciones presidenciales, el régimen mantiene aislados «por sus pistolas» a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; y a los miembros de organizaciones políticas José Adán Aguerri y Violeta Granera.
«Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la represión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos», señaló la OFAC.
