La administración de Joe Biden impuso este miércoles, nueve de junio, sus primeras sanciones contra operadores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una semana donde la dictadura de Nicaragua ha emprendido una cacería contra precandidatos presidenciales, opositores y la prensa independiente.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra a Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional. También, impuso esa medida al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, a la hija de la pareja dictatorial y una de las que dirige el canal oficialista Viva Nicaragua, Camila Ortega Murillo, y al general de brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares, quien dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército, por lo cual, tiene que rendir cuentas ante el otro sancionado y jefe de esa institución, general Julio César Avilés.
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Con estas nuevas sanciones ya son más de 30 los servidores del orteguismo que han sido castigados por Estados Unidos. Ese país es el que despuntó con las sanciones y el que más ha presionado a los funcionarios que cataloga de «delincuentes internacionales». Con la medida les restringe las operaciones financieras, les limita actividades vinculadas con la inversión y acceso a créditos de organismos multilaterales. Además, les niega la entrada al país, con lo cual afecta sus desplazamientos migratorios.
Ovidio reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos remarca que «todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas también está bloqueada. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas».
Los nuevos sancionados
El Gobierno de Estados Unidos impuso estas designaciones porque estos ciudadanos han «socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de los civiles, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y tratan de silenciar a los medios de comunicación independientes».
A Camila Antonia Ortega Murillo la señalan de ser funcionaria de Gobierno y de ser una «asesora clave del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo. Indican que además es coordinadora de la Comisión de Economía Creativa y que a través de Canal 13, medio que administra, se difunde propaganda estatal, mientras que el presidente Ortega utiliza las leyes fiscales y de gastos estatales para promover los negocios familiares y exprimir a los medios independientes.
A Leonardo Ovidio Reyes Ramirez (Reyes) lo castigan por coladera la implementación de la nueva Ley para la Protección de Consumidores y Usuarios, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua con el riesgo de facilitar transacciones sancionables.
Estados Unidos reprocha que a través de esa normativa «las instituciones financieras en Nicaragua que se niegan a cumplir con la ley pueden estar sujetas a acciones punitivas por parte del BCN (Banco Central de Nicaragua) alineado al régimen y la Superintendencia de Bancos». Destacan que la medida, de momento, solo va contra Reyes y no contra la institución estatal.
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A Edwin Ramón Castro Rivera lo señalan como uno de los principales ejecutores para que se aprobaran las controvertidas reformas a la Ley Electoral, recordando que esa normativa obvió en su totalidad la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de octubre de 2020, con las que se hubieses garantizado elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021.
«Las reformas institucionalizan leyes represivas que permiten al gobierno restringir la participación de los partidos políticos en la próximas elecciones y no prevén disposiciones para la observación electoral internacional. La Asamblea Nacional de Nicaragua, de la que Castro es diputado, también nombró nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, la mayoría de los cuales son leales al régimen que ya han reforzado el control del Consejo sobre el proceso electoral», explican.
Edwin Castro dormido durante una sesión en la Asamblea Nacional fue señalado de “corrupto, ladrón, sinvergüenza” por estudiantes en la UCA. Foto: Diario Metro
Mientras que a Julio Modesto Rodríguez Balladares le imponen sanciones porque lo vinculan con la represión desatada contra la oposición de Nicaragua desde abril de 2018.
«El Ejército brindó apoyo a la Policía y los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes al atacarlos, lo que resultó en más de 300 muertes y daños físicos y psicológicos. Rodríguez también es el director ejecutivo de IPSM, el fondo de inversión pública del Ejército de Nicaragua», finalizan.
Sería bueno no sólo sancionar al coronel Julio Rodríguez, sino también congelar las inversiones del ejército en la bolsa de valores que las que mantienen el fondo de pensiones del ejército.
Ya hablo una golpista
Por esas tapas es que los meten al bote y después están llorando
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