La jueza Irma Oralia Laguna Cruz declaró culpable por los supuestos delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas y municiones a la presa política Julia Cristina Hernández Arévalo, de 32 años, originaria de la comarca El Jocote, en Masaya. La audiencia de juicio se celebró el miércoles, 24 de marzo de 2021.
Junto Hernández fue condenado su esposo, Eduardo Morales Gadea, acusado por los mismo delitos. Según el abogado defensor Julio Montenegro, el fiscal Luis Mongalo exigió la pena máxima de 23 años de cárcel más 1,300 días multa.
Montenegro expresó a Artículo 66 que el proceso tuvo una serie de anomalías. «Hubo cuatro declaraciones testimoniales; dos testigos previamente ofrecidos y las testimoniales propias de Julia Cristina Hernández y Eduardo José Morales (…) El proceso presentó defectos serios, por el ejemplo: el acta de allanamiento y registro arrojaba una fecha de diciembre de 2020, cuando los acusados fueron detenidos un siete de enero de 2021».
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«Hasta un recibo de ocupación de las supuestas evidencias tenía fecha del siete de enero de 2020, cuando Julia y Eduardo fueron capturados el siete de enero, pero de 2021 (…), pero la jueza dijo que lo de las fechas es un error humano, pero no es un error humano, porque en el acta no debe de presentar errores ni tratar de enmendarlos», recalcó el defensor.
En cuanto al fallo de culpabilidad, Montenegro refirió que Julia Hernández reprochó el dictamen. «Mi defendida dijo: “No me ocuparon ni droga, ni armas… Solo demostré mi desacuerdo con lo que estaba pasando en mi país».
El jurista relató que en el caso de Eduardo Morales reprobó a la jueza que su condena es injusta y como forma de represalia por regalar agua a ciudadanos que pasaban por el camino donde trabajaba en Monimbó cuando se registraron las protestas sociales de 2018.
«Eduardo Morales no tenía porque estar siendo procesado, pero como (los policías) lo encuentran en casa de Julia Cristina (Hernández), entonces se lo llevaron. Es lamentable que se estén dando estas acusaciones en contra de personas inocentes y mas bien se libere a presos comunes, que fueron condenados por crímenes probados, pero no pasa lo mismo los presos políticos», agregó Montenegro.
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El 30 de noviembre de 2019, Julia Hernández fue detenida de forma ilegal y señalada de cómplice en caso de José Isaías Ugarte (Chabelo), pero fue puesta en libertad en el mes de diciembre, sin embargo la justicia de Daniel Ortega se vuelve a ensañar en contra de la ciudadana y la condena por delitos comunes.
Luego de conocer el fallo de la jueza Irma Oralia Laguna, el abogado Julio Montenegro indicó que apelará la sentencia que estima que sea leída luego de las vacaciones de Semana Santa. Cristina Hernández es una de las dos presas políticas de Masaya, acusada por delitos de drogas y posesión de armas; ya el 30 de abril de 2020 fue capturada la presa política Karla Escobar y condenada a 15 de años de prisión.
