La presa política Julia Cristina Hernández Arévalo, de 32 años, originaria de la comarca El Jocote, en Masaya, fue presentada el dos de marzo en audiencia inicial de juicio, acusada por la Fiscalía orteguista de los supuestos delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas y municiones.
La Policía cercó el aeropuerto y les retuvo los pasaportes a los opositores Medardo Mairena, George Henríquez, y Luis Fley, cuando se disponían a viajar a Miami para sostener un encuentro con la diáspora nicaragüense.
El abogado Julio Montenegro, defensor de Hernández, publicó en sus redes sociales que la joven lloró de indignación por los delitos imputados. «Después de concluir la primera audiencia de juicio, la presa política Julia Cristina Hernández lloró durante varios minutos con sentimientos encontrados, reclamando porque le inventaban cargos por drogas y armas, si siempre ha sido responsable y esforzada».
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El jurista también denunció que a Eduardo Morales, esposo de la rea de la dictadura, se le han negado las visitas, bajo un supuesto error de nombres. Además, informó que Julia Cristina Hernández expresó que tiene problemas en la columna, pero que las autoridades policiales dictaminaron que se encuentra bien de salud.
La joven de Masaya fue capturada por primera vez, el 30 de noviembre de 2019, vinculándola con el opositor José Isaías Ugarte «Chabelo», ultimado a tiros por la Policía orteguista, pero en esta segunda detención ocurrida el siete de enero de 2021, la acusan de delitos comunes, los que sus familiares desmienten, aduciendo que son represalias por no estar a favor del régimen de Daniel Ortega.
Las hermanas de la detenida denunciaron recientemente que en la primera visita que tuvieron con la joven esta les comunicó que «estaba recibiendo daño» en las celdas de «El Nuevo Chipote». «Es injusto lo que hacen, porque allá está Dios que todo lo ve, porque cuando hay culpables en las calles, ellos (la Policía) no los ve y ahora están acusando a Julia (Hernández)», denunció una de las parientes, quien pidió omitir su nombre.
Denuncian anomalías
Uno de los familiares de la detenida expresó que la joven no ha estado involucrada en las protestas sociales contra la dictadura de Daniel Ortega y que «su pecado» fue que en las protestas 2018 cuando no había trasporte público puso a disposición una moto que tenía para trasladar a los ciudadanos, lo que fue motivo para que la señalaran de «tranquera y golpista. Cristina cobraba 20 córdobas para a lo pasajeros y así se ganaba la vida, pero al parecer ese fue un delito».
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Según el abogado defensor de derechos humanos José López, el caso contra Hernández presenta anomalías, porque la porque la ciudadana fue sacada de su juez natural, debido que no fue detenida en Managua, sino en Masaya, donde según la ley debe ser juzgada en la ciudad donde fue capturada. «Vemos que hay otra alteración al debido principio de legalidad, porque está fuera del marco de la ley». Dos ciudadanas de Masaya están en la lista de presas políticas. Karla Escobar también fue detenida arbitrariamente en su casa en el barrio Fox.
Pobre esta gente, no se dan cuenta que el interés de esos abogados es hacer el show y que los condenen a ellos, ese es su negocio, los presos políticos.
Siempre dicen las mismas sandeces que nadie cree. Cómo va a ser tan ingenua la policía de cometer los mismos errores siempre ???, Ridículo. O estos abogados son los genios del derecho.