El movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) se sumó al masivo rechazo que ha recibo la Ley de Prisión Perpetua recién aprobada por el régimen Ortega-Murillo porque, según la organización feminista, dicha Ley «no protege la vida de las mujeres» y más bien constituye una nueva arma para la «criminalización de la ciudadanía».
«El Movimiento Autónomo de Mujeres rechaza la reforma constitucional que establece cadena perpetua, porque en Nicaragua continuamos bajo un régimen de excepción y las autoridades son los principales promotores y perpetradores del odio y la violencia. Considera el MAM que esta reforma representa un retroceso jurídico que viola principios y normativas constitucionales, así como los estándares internacionales de derechos humanos y los fines específicos del derecho penal», dice un comunicado dado a conocer por la organización defensora de los derechos humanos de las mujeres.
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El MAM afirma que si la verdadera intención del régimen fuera detener la violencia contra las mujeres, «debería restablecer las libertades y derechos de la ciudadanía y rendir cuentas por los crímenes que a diario se comenten y dejar de perseguir a las organizaciones de mujeres y defensoras. De igual manera no deberían seguir reformando la Ley 779 y garantizando impunidad para los agresores. Muchas de las mujeres asesinadas antes habían denunciado a sus agresores».
Asimismo, las feministas argumentan que sus organizaciones han venido «luchando» por más de 30 años contra todas las expresiones de violencia. «Promovimos la Ley 779, para contar con un marco jurídico que obligara a las instituciones a la atención especializada, la prevención y erradicación de la violencia a partir de sancionar las conductas machistas y la implementación de políticas públicas que ataquen las causas».
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Las mujeres organizadas en el MAM insten en que solo la eliminación de las causas estructurales y culturales que refuerzan la idea de que «los hombres pueden disponer de la vida y los cuerpos de las mujeres y las niñas permitirá prever y eliminar la violencia machista».
El comunicado de las feministas señala que en realidad al Gobierno no le interesa la seguridad y vida de las mujeres en Nicaragua y que en la práctica, la reforma constitucional y la reforma penal que dejaron establecida la pena de prisión perpetua, están enmarcadas en que el régimen busca dotarse de un marco legal que le permita «seguir atropellando los derechos, amenazar con la prisión perpetua a quienes luchan por el restablecimiento de las libertades en el país».
El régimen de Daniel Ortega impulso el establecimiento de la pena de prisión perpetua aprovechándose de una serie de crímenes contra mujeres y niñas, y movilizó a miles de sus activistas y empleados públicos a levantar firmas para presentar la reforma legal como una demanda popular.
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Para lograr su objetivo el Gobierno de Daniel Ortega ordenó a sus diputados reformar la Constitución y finalmente también reformar el Código Penal y la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Nicaragua ya tiene como pena máxima la Prisión Perpetua que será aplicada a todos los delitos que el régimen Ortega-Murillo considera «delitos de odio».
Diversas organización nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos han rechazado la instauración de esa pena de prisión porque señalan que con ella, la dictadura busca criminalizar a la oposición, a quien le achaca «crímenes de odio» durante las protestas sociales iniciadas en el 2018.
