Integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) interpusieron este martes, primero de diciembre, un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros del régimen de Daniel Ortega, normativa con la que se pretende fiscalizar los recursos de las ONG y limitar la participación política en Nicaragua.
El recurso fue interpuesto por Juana Jiménez, Yamileth Mejía, Marlen Auxiliadora Chow y Adelaida Sánchez, quienes señalan que la norma es lesciva y viola derechos fundamentales contemplados en más de diez artículos de la Constitución Política.
Detallan que la ley de Ortega viola «el derecho a la nacionalidad nicaragüense; presunción de inocencia; libertad individual y reconocimiento a personalidad y capacidad jurídica; principio de igualdad; protección y reconocimiento de los DD. HH.; derecho de organización y asociación; derecho de participación ciudadana; derecho de organización y afiliación a partidos políticos; y derecho al trabajo».
«Ningún ciudadano nicaragüense dentro del territorio nacional puede ser considerado extranjero, y esta ley pretende obligar tanto los ciudadanos individuales como a sus organizaciones a registrarse y una serie de controles de financiamiento, pero bajo la pretensión que se está cometiendo acto de injerencismo o en contra de la ley», señaló Juana Jiménez, miembro del MAM.
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«Hay que evidenciar que estas leyes son contrarias a nuestra Constitución Política e independientemente de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está al servicio de la dictadura, los derechos son nuestros y no podemos renunciar a ellos, a pesar de las arbitrariedades», añadió.
Las mujeres denunciaron que el recurso no fue recibido por el Secretario de la CSJ, quien delegó a una asistente en incumplimiento de la «obligación institucional de comparecer ante la ciudadanía y recibir este tipo de recurso como la ley establece».
