La instauración de la pena de cadena perpetua contra supuestos «crímenes de odio» que promovió el gobierno Ortega- Murillo es un retroceso del Estado de derecho y evidencia la desesperación de la pareja presidencial por validar el sometimiento y dominio sobre la oposición, manifestaron políticos y defensores de derechos humanos, este martes, 19 de enero, día que entró en vigor la reforma constitucional.
El Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (Cenidh) manifestó que la reforma evidencia «la desesperación del régimen por legalizar la represión» aprovechando, además la manipulación de la figura del poeta Rubén Darío al aprobar el instrumento represivo en la casa natal del vate, en Ciudad Darío, Matagalpa.
Mediante un tuit, el organismo nacional de derechos humanos subrayó que para aplicarla se requiere una reforma al Código Penal, por lo que hizo un llamado a los familiares de privados de libertad a «no dejarse intimidar» con las intenciones del régimen porque la ley no es retroactiva.
«El Cenidh exige al régimen Ortega Murillo cese la represión revestida de supuesta legalidad. Hace un llamado al pueblo a continuar en la lucha por sus derechos», señaló el organismo.
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Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y posible aspirante a la Presidencia de Nicaragua, detalló que la reforma «es un retroceso en materia de derechos humanos. La doctrina es que se debe avanzar sobre los derechos humanos y no retroceder. Como todo lo que está aprobando esta dictadura queda abierta a un sinnnúmero de arbitrariedades, criterios, y un aplicación bastante vaga, de manera que no es una definición», dijo Chamorro.
Agregó que el mensaje que está enviando Daniel Ortega al país es que está más interesado en mandar a la gente (opositores) a la cárcel en vez de resolver los problemas económicos de Nicaragua. Coincidió que el régimen tiene el interés de causar temor y amenazar a la oposición porque «crimen de odio puede ser definido como ellos lo deseen», sin embargo, aseguró que como oposición no tienen temor porque, según Chamorro, «estas leyes van a ser derogadas en una Nicaragua democrática».
Félix Maradiaga, dirigente de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), también aspirante a la Presidencia en unos posibles comicios generales en noviembre, indicó que «la aprobación de la cadena perpetua por los diputados títeres del régimen es una muestra más de la desaparición del Estado de Derecho en Nicaragua».
«Pero además de ser una ley espuria que deberá ser revertida tan pronto exista un nuevo gobierno, es también una acción ofensiva a la inteligencia y dignidad de la ciudadanía», añadió.
Par Maradiaga, resulta más que ofensivo que el régimen de los Ortega-Murillo haya usado como excusa el dolor de muchas familias nicaragüenses víctimas de la violencia, «particularmente aquellas que han sufrido crímenes atroces», para hacer esa reforma. Al respecto, condenó la ola delincuencial y de inseguridad que sufre el país a consecuencia de las medidas del régimen «como lo demuestran varios crímenes vínculados a los casi 22 mil reos comunes liberados», resaltó.
«No estoy de acuerdo con la cadena perpetua, pero en todo caso, bajo los parámetros establecidos por la misma dictadura, el primer candidato a esa pena sería el mismo Daniel Ortega», declaró Maradiaga.
