El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este nueve de octubre nuevas sanciones contra el círculo de poder del régimen de Daniel Ortega. La administración de Donald Trump incluyó en su «lista negra» a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; al asesor presidencial Paul Oquist y a la cooperativa de ahorro bajo el mando de la dictadura Caja Rural Nacional (Caruna). Con estos operadores orteguistas, ya son 25 funcionarios que son catalogados como delincuentes internacionales por Estados Unidos, ocho entidades y una institución estatal, la Policía de Nicaragua.
A la fiscal general, el Departamento del Tesoro la señala de haber formado un «grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional designada para fabricar casos contra presos políticos y sus familias», criminalizados por protestar pacíficamente. Esas acciones arbitrarias, según Estados Unidos, se han mantenido desde el 2018. La administración Trump repudia en particular la detención de los jóvenes, conocidos como la «banda de aguadores», a quienes el régimen encarceló en 2019 por entregar agua a madres de reos de la dictadura que se encontraban en huelga de hambre en Masaya exigiendo la libertad de sus parientes.
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Al asesor presidencial lo tildan de ser un funcionario que le lava al cara al régimen a nivel internacional a través de la «desinformación para encubrir los crímenes y fechorías de horribles abusos a los derechos humanos». Estados Unidos afirma que el papel de Oquist se basa en difundir «falsas narrativas y la propaganda» estatal.
A Caruna la incluyeron en la lista por haber servido como «herramienta para que Daniel Ortega desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, S.A. (Albanisa), que se traducen en $ 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo.
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Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de esas transferencias. Los funcionarios de la dictadura, incluidos los sancionados por la Oficina de Control de Activos, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas», indica el Departamento del Tesoro .
La Oficina de Control de Activos establece para los sancionados que «todos los bienes e intereses en propiedad de esas personas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas también está bloqueada».
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Los opositores nicaragüenses aplaudieron las sanciones y afirmaron que con esta acción Estados Unidos afecta la capacidad represiva judicial y la capacidad económica para poder reprimir del régimen. Al mismo tiempo, demuestra que el cabildeo de los funcionarios orteguistas ha sido un completo fracaso. Aseguraron también que es un «golpe fortísimo a la billetera de Ortega y un duro golpe al lavado de dinero que tiene el narco estado».
Igualmente, sostuvieron que ampliar la lista de delincuentes internacionales de los más allegados a los dictadores es una señal de que pese a que el orteguismo ha intentado tergiversar la realidad y vender «normalidad» en Nicaragua, a nivel internacional son de sobra conocidas las constantes violaciones a los derechos humanos que ejecutan en la nación.
A nivel internacional tampoco se hicieron esperar las reacciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró a través de su cuenta de Twitter, que la administración de Trump seguirá tomando medidas para ayudar al pueblo de Nicaragua hasta que se restaure la democracia. Mientras, la excongresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, tildó de «nefastos a los dos funcionarios y la institución financiera que fueron sumados a la lista negra de la OFAC» y destacó que el fin de esos operadores ha sido crear «esquemas para enriquecer al régimen de Ortega y silenciar a manifestantes pacíficos». Por su parte, el régimen de Nicaragua calló sobre las sanciones. La vicedictadora Rosario Murillo se limitó nuevamente a pedir respeto a la soberanía del país.
