Con el anuncio de nuevas sanciones contra el asesor presidencial Paul Oquist, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; y la cooperativa Caruna, por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la administración del presidente norteamericano Donald Trump ha impuesto esta medida a un total de 25 funcionarios, ocho entidades privadas y una institución pública, ligadas a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Artículo 66 le detalla quiénes son los personajes sancionados hasta el momento y qué rol han desempeñado en la familia, los negocios o el Estado de Nicaragua, para que el gobierno de Estados Unidos los haya ubicado en la «exclusiva» lista de delincuentes internacionales.

En diciembre de 2017, el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas se convirtió en el primer funcionario orteguista sancionado por el gobierno de Trump. Rivas recibió el «galardón» mediante la activación de la Ley Global Magnitsky, lo que lo ubicó en una la lista negra de corruptos, lavadores de dinero, torturadores o violadores de derechos humanos del mundo. Como consecuencia de esta sanción, la dictadura de Ortega se vio obligada, primero, a quitarle todas las funciones a Rivas en el CSE, luego fue separado totalmente del cargo.

El cinco de julio de 2018, el gobierno estadounidense incluyó a tres funcionarios más a la lista de los «sancionados». El primero fue el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quien también le aplicaron la Ley Magnitsky. Al jefe policial lo señalan de ser el responsable de dirigir la represión contra ciudadanos durante la crisis iniciada en abril de 2018.

El segundo «galardonado» fue Francisco “Chico” López Centeno, quien hasta entonces todavía fungía como tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, S.A (Albanisa). Al confirmar la sanción el comunicado de el Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que «José Francisco López Centeno es el vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del partido gobernante FSLN, y ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el Gobierno».

El cuarto sancionado fue el secretario de la Alcaldía de Managua y secretario político del FSLN, Fidel Moreno. A este operador orteguista, Estados Unidos lo señala de organizar los actos violentos llevados a cabo por los grupos parapoliciales y por la Juventud Sandinista; quienes sembraron el terror en diferentes ciudades de Nicaragua, sobre todo en Masaya, Managua, León, Matagalpa, Chinandega y Estelí; realizando ataques con fusiles de guerra y armas automáticas a manifestaciones cívicas y barricadas, que se levantaron para protegerse de los antimotines y criminales armados por el régimen. También se le señaló de realizar labores de intimidación, secuestros, torturas físicas y psicológicas, todo en complicidad con miembros de la Policía.
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El 27 noviembre de 2018, el presidente Donald Trump sorprendió con una orden ejecutiva en la que impuso duros controles económicos contra la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, considerada la mano de hierro de la dictadura que encabeza junto a su marido, al tirano Daniel Ortega. La aplicación de las sanciones ordenó el congelamiento de bienes y cuentas a su nombre y prohibió que cualquier empresa o ciudadano de EE.UU establecería vínculos con ella. A Murillo se le identificó directamente como el cerebro que ordenó los crímenes contra los ciudadanos que protestaron por sus desmanes.

Junto a Murillo, igualmente fue sancionado el asesor presidencial en temas de seguridad y espionaje, Néstor Moncada Lau, un estrecho colaborador de Ortega en su relación con los mandos de la Policía y el Ejército. El Departamento del Tesoro lo describió como «un exfuncionario con experiencia en seguridad del Estado, con fuertes lazos de lealtad a Murillo, (que) ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo (…) trabajó con Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega contra una menor», decía el texto de justificación.

El 13 de diciembre de 2018, el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, anunció sanciones contra Ileana Patricia Lacayo Delgado, esposa del extitular del CSE Roberto Rivas, a quien Washington señala por «corrupción significativa». Con esta medida, tanto Rivas como su esposa Ileana Lacayo Delgado han sido vetados de ingresar a Estados Unidos y tener vínculos con el sistema bancario internacional.

El 17 de abril de 2019, la Casa Blanca sancionó al hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo. Estados Unidos justificó la decisión aduciendo que el tenor presidencial «es un clave de la corrupción del régimen de Ortega. En nombre del régimen, ha buscado apoyo financiero internacional e inversión extranjera. Al hacerlo, colocó los intereses de su familia y su fortuna personal por encima de los intereses del pueblo nicaragüense al participar en negocios corruptos».
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Dos meses después, el 21 de junio de 2019, el Departamento del Tesoro anunció el castigo para la exministra de Salud, Sonia Castro. La institución pública a cargo de Castro fue señalada de negar atención médica a los manifestantes que resultaron heridos en el contexto de las protestas y dejarlos morir, y de ser ella quien giró las órdenes. «El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica», justificó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés), bajo el mando del Departamento del Tesoro, cuando anunció sanciones para Castro.

Orlando Castillo, exdirector general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor). Fallecido agente del régimen que se encargó de censurar a los medios de comunicación y amenazar con retirar licencias por no seguir su línea.
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En la misma tanta de sanciones contra la exministra de salud y del exdirector de Telcor, también ubicaron en la lista negra al general en retiro y Ministro de Transporte e Infraestructura Óscar Mojica. Los analistas consideraron en su momento que la sanción contra Mojica era más bien un mensaje a la comandancia del Ejército que ha volvió colaboracionista de los crímenes cometidos por Ortega y sus grupos de paramilitares, a quienes el Ejército tiene la obligación de desarmar, pero que más bien se han hecho de la vista gorda.

El mismo 21 de junio, el cuarto sancionado de esa tanda fue el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Porras fue identificado como el jefe de las turbas, y la justificación del Departamento del Tesoro fue que durante la masacre del 30 de mayo, Porras habría funcionado como el cabecilla de los grupos armados y las turbas que atacaron la movilización multitudinaria donde fueron asesinadas más de 15 personas. Como consecuencia de la sanción la dictadura quitó todas las funciones administrativas y financieras a Porras y lo dejó como figura decorativa en el Parlamento. Posteriormente, el régimen nombró en secreto a un administrador que asumiría las funciones del otrora médico orteguista.

El siete de noviembre de 2019, Estados Unidos propinó otra estocada a la dictadura y sus operadores represivos. El primero de la lista fue el comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía, quien está plenamente identificado como el ejecutor de los ataques de la policía orteguista y grupos paramilitares contra el pueblo de Masaya, durante la crisis sociopolítica. Los masayas señalan a Avellán como el autor director de los asesinatos de más de 30 personas durante la operación limpieza y la invasión a Monimbó. Avellán además operó en los secuestros contra opositores en Masaya y Carazo.

Junto a Avellán, también fue “fichado” Roberto López, presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS) es señalado de manejar de “forma indebida los activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos”. El anuncio de reformas al seguro social, en abril de 2018, fue lo que desencadenó la rebelión de estudiantes. López además es un militar retirado y, al igual que el ministro de Transporte, su sanción podría ser un segundo mensaje para la comandancia del Ejército.

El cuarto de los sancionados del siete de noviembre de 2019 fue el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell. Con este «fichaje», el Departamento del Tesoro allana el camino a quien hasta entonces había sido usado por la dictadura para llenar el vacío que dejó Roberto Rivas. A Campbell, Estados Unidos los liga con los fraudes y corrupción en el CSE, además, que ha sido mencionado por el funcionarios del gobierno como uno de los operadores del FSLN para llamada operación «vamos con todo», que consistió en el montaje del operativo armado para desmontar la rebelión cívica de abril.

El 12 de diciembre de 2019, Estados Unidos propinó un golpe certero contra el anillo económico de la familia gobernante. Incluyó en la lista de delincuentes internacionales al hijo mayor de la pareja presidencial y administrador de los negocios del régimen, Rafael Ortega Murillo. Rafael se convirtió en el segundo hijo de la dinastía en obtener el «galardón», después de Laureano. Según la OFAC, esta sanción contra el hijo mayor de Ortega y Murillo se dio por que «es el administrador del dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega».
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El cinco de marzo de 2020, Estados Unidos incluyó en el club de los sancionados a tres altos jefes de la Policía de Daniel Ortega:

El comisionado Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote. “Olivas es el Jefe de la Dirección de Asistencia Judicial de la Policía y Director de la prisión de El Chipote. En su justificación, la OFAC declara que «El Chipote es una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018. Ha habido denuncias de tortura, violación, electrocutación, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero. Un manifestante encarcelado en El Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante declaró que lo llevaron a un hombre enmascarado que reconoció por su voz y construcción como Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión que implica a otros manifestantes».

En esta tanda también fue sancionado el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), esta dependencia policial es señalada de dirigir la mayoría de asesinatos en abril de 2018, principalmente en la denominada «Operación limpieza», donde se registraron varios muertos en diferentes puntos de Nicaragua.
La DOEP posee las armas de guerra con que asesinaron al menos a 325 ciudadanos. La nota del Departamento del Tesoro agrega que la DOEP es la dependencia de la Policía, cuyos “miembros han cometido actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018. Urbina es el Comisionado de la División de Operaciones Especiales de PN, que continúa desempeñando un papel central en la represión en todo el país «electrocutación, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero. Un manifestante encarcelado en El Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante declaró que lo llevaron a un hombre enmascarado que reconoció por su voz y construcción como Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión que implica a otros manifestantes».

El tercer «premiado» de este cinco de marzo fue el comisionado Juan Valle Valle, jefe de la Dirección de Vigilancia y Patrullaje de Managua. En múltiples ocasiones, Valle Valle ha sido visto con un fusil AK al hombro dirigiendo los operativos represivos contra los ciudadanos que intentan manifestarse pacíficamente. Valle Valle, incluso estaba cerca de la rotonda de Metrocentro el tres de septiembre de 2015, cuando un sujeto identificado después como Samir Matamoros, identificado como «el pistolero» de Metrocentro, atacó a balazos una manifestación opositora en los llamados «miércoles de protesta». Valle Valle fue increpado por periodistas por la falta de actuación policial, pero dijo que «no vio nada».

El viernes 22 de mayo, Estados Unidos incluyó en el club de los sancionados al Jefe del Ejército de Nicaragua y al Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Julio César Avilés, a quién el dictador Daniel Ortega, el 19 de noviembre de 2019, premió como Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua por un período de cinco años, es decir, seguirá al frente de su tropa hasta 2025, fue sancionado este 22 de mayo. El Departamento del Tesoro agrega en su justificación para ficharlo como delincuente internacional que ese funcionario «está alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolicías durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron en abril de 2018».

Iván Acosta Montalván funge como ministro de Hacienda y Crédito Público desde 2012 y el gobierno de Donald Trump lo acusa de haber «seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega» y añade que «Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos».

Juan Carlos Ortega Murillo, fue sancionado el viernes, 17 de julio de 2020. Es el tercer hijo de la pareja de dictadores que ha sido «fichado» por Estados Unidos. Según la nota publicada por el Departamento del Tesoro, Ortega Murillo «administra Difuso Comunicaciones SA, una compañía de relaciones públicas y publicidad, que produce la mayoría de las campañas publicitarias de radio y televisión para el Gobierno de Nicaragua, varias instituciones gubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Juan Ortega fue designado por ser responsable o cómplice o por haberse involucrado o intentado, directa o indirectamente, realizar una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción». Igualmente, lo acusan de «apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno».

José Jorge Mojica Mejía, «es uno de los hombres de frente más confiables de la familia Ortega. Actúa como representante personal de Ortega, crea compañías fantasmas para lavar dinero y oculta su propiedad y ganancias ilícitas. A fines de 2019, Mojica supuestamente creó un plan de lavado de dinero para extraer dinero de las empresas que dirige en nombre del hijo del Presidente, Rafael Antonio Ortega Murillo, quien fue designado en diciembre de 2019. El plan de Mojica involucraba el uso de efectivo de cheques corporativos pagaderos al Ministerio Transporte e Infraestructura (MTI). Los cheques fueron cobrados y el dinero fue almacenado en el complejo MTI para uso personal del régimen. Mojica también ha trabajado en representación de la Distribuidor Nicaragüense de Petróleo SA (DNP), una cadena de estaciones de servicio controladas por la familia Ortega que es uno de los principales activos de la familia», dice la nota.

El viernes, nueve de octubre, la OFAC incluyó en la lista «negra» a la fiscal Ana Julia Guido por conformar «un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional designada para fabricar casos contra presos políticos y sus familias. Según estos informes, la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente, incluidos los jóvenes aguadores que fueron detenidos por entregar agua a madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya, Nicaragua en 2019».
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El mismo nueve de octubre, apareció en la lista OFAC, el asesor de la dictadura Paul Oquist Kelley designado por ser funcionario del régimen desde el 10 de enero de 2007 para «representar a nivel internacional en una variedad de roles y juega un papel principal en la difusión de la desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos». Estados Unidos agrega que «en numerosas entrevistas con medios internacionales de habla inglesa y en reuniones con representantes extranjeros, Oquist ha difundido las falsas narrativas y propaganda del régimen de Ortega. Además, Oquist ha defendido el caso de los Ortega a nivel internacional con un flujo incesante de mentiras para ocultar o justificar los abusos del régimen».
Nueve entidades sancionadas
En la misma resolución de este viernes, nueve de octubre, en la que sancionan a Ana Julia Guido y a Paul Oquist, la OFAC también incluyó a la cooperativa de ahorro bajo el mando de la dictadura Caja Rural Nacional (Caruna).

El 29 de enero de 2019, luego de que la compañía estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) fuera sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional de la administración de Donald Trump, John Bolton, explicó en su cuenta de Twitter que «a través de la sanción a PDVSA, Estados Unidos también sancionó a Albanisa de Nicaragua, la empresa conjunta del gobierno con PDVSA y caja de fondos ilegítimos del régimen corrupto de Daniel Ortega».
Albanisa fue creada en el 2007. Está compuesta por el 51 % de acciones en control de PDVSA y el 49% está suscrito a la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic), dicho capital era administrado por Francisco López, exvicepresidente de la compañía y tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). López fue sancionado en 2018, con la Ley Global Magnitsky por abusos contra los derechos humanos y corrupción.

La siguiente es recibir la «medalla» de la sanción, el 17 de abril de 2019, fue el Banco Corporativo (Bancorp), una institución financiera que el círculo de poder económico del FSLN manejaba como caja fuerte para camuflar los petrodólares provenientes de la cooperación venezolana y guardar los millones que producen a la familia gobernante los negocios creados al amparo del poder. El orteguismo pretendía nacionalizar el Bancorp para que fuera pagado con dinero público, mediante una operación que fue abortada a tiempo con la medida de la administración Trump.
El Bancorp fue «quebrado» mediante la misma orden que aniquiló al tenor presidencial Laureano Ortega Murillo «por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente», argumentó en ese entonces el Departamento del Tesoro.

El 12 de diciembre de 2019, junto a la sanción impuesta contra Rafael Ortega, Estados Unidos también le declaró muerte a las empresas Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP Petronic), Inversiones Zanzíbar Sociedad Anónima y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (El Goliat), todas compañías que engrosaban el holding económico del FSLN, creadas con dinero proveniente de los petrodólares venezolanos y la corrupción.

La DNP Petronic es administrada por Yadira Lets, esposa de Rafael Ortega, y es la empresa que manejaba el flujo petrolero que el régimen maneja a discreción.
Las Inversiones Zanzíbar, en tanto, fue creada como una compañía de maletín para el manejo de más de 60 gasolineras. Hasta antes de las sanciones, Inversiones Zanzíbar se mantenía bajo las sombras, sin embargo, su dirección indicaba que la empresa estaba registrada en las casas dentro del complejo presidencial en el reparto El Carmen, aledaña a la residencia de los Ortega-Murillo

La sexta institución, que a la vez es la primera de carácter estatal que fue sancionada, es la Policía Nacional, fue fichada en la misma resolución del cinco de marzo de 2020, junto a los comisionados Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Valle. «La designación de OFAC está dirigida a la Policía Nacional como una institución responsable de los abusos de los derechos humanos en Nicaragua», dice la justificación del Departamento del Tesoro.

Mundo Digital (Syditec, S.A.), sancionada el 17 de julio de 2020, es una empresa dedicada a la importación y venta de equipos informáticos, computarizados y de televisión. Según la resolución de la OFAC, Mundo Digital «fue designada por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mojica, una persona cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13851. Mundo Digital SA Mojica lo utiliza como parte de un esfuerzo por lavar dinero para el régimen de Ortega».

Junto a Mundo Digital, aparece el nombre de Difuso Comunicaciones, S.A.: «Fue designado por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Juan Ortega, una persona cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13851. Difuso Comunicaciones SA, una empresa de publicidad y relaciones públicas, es utilizada por Juan Ortega y el régimen de Ortega para difundir propaganda del régimen».
En múltiples reportes de prensa Difuso, S.A. figura como la productora de televisión que acapara millones de dólares en la producción de propaganda gubernamental y pautación publicitaria, sin ningún tipo de licitación ni control. Difuso además maneja el monopolio de la publicidad en traseras de buses, y para sus trabajos audiovisuales emplea sistema de filmación con drones, mientras la dictadura ha prohibido el uso de estos aparatos para la población y medios de comunicación que no están bajo su control.

El viernes 09 de octubre de 2020, se unió a la lista la cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna), la que ha servido como herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa), $ 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo. Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de estas transferencias. Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas”, indica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.