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La mañana de este jueves, 5 de julio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue sancionado con la Ley Magnitsky. En esa misma lista negra de delincuentes internacionales también están Francisco “Chico” López Centeno, quien es el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, al igual que Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua.
Tanto Díaz como López y Moreno son señalados por los funcionarios estadounidenses de ser parte de los responsables de la represión ocurrida contra el pueblo de Nicaragua, desde el 18 de abril hasta la fecha; cuando ya suman 76 días de protestas, en los cuales han sido asesinados más de 300 nicaragüenses, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
El Departamento de Estados de los Estados Unidos, mediante una declaración de su portavoz Heather Nauert, dio a conocer que también entre los sancionado se encontraba Fidel Antonio Moreno Briones, quien según el Departamento de Estado «ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales, que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos».
Según Nauert, estos funcionarios orteguistas han estado involucrados en graves abusos contra los derechos humanos o vinculados a actos de corrupción y «como resultado de las acciones de hoy, quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados, dentro de la jurisdicción de los EE.UU. Además, a los estadounidenses se les prohíbe en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas».
Corrupción con el petróleo venezolano
José Francisco López Centeno, conocido como Chico López, es uno de los hombres de confianza de Daniel Ortega. Es el vicepresidente de ALBANISA, presidente de Petronic y tesorero del partido gobernante Frente Sandinista. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos; debido a las múltiples acusaciones de corrupción y de «utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno», es incluido en esta lista negra.
Chico López es quien administra todo el dinero que ha entrado a Nicaragua desde 2007 por la cooperación venezolana. Según el diario La Prensa, esa cantidad de dinero suma más de 3, 600 millones de dólares.
De los tres sancionados, Chico López es quizás el que menos sorprende; ya que desde que Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral, fue sancionado el 21 de diciembre de 2017 con la Ley Magnitsky, ya se rumoraba que López era el siguiente en caer; sobre todo por las presiones que ha ejercido la congresista Ileana Ros-Lehtinen, quien ha sido una de las políticas más críticas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La carta que enviaron 12 senadores y congresistas demócratas y republicanos el pasado 5 de junio, hoy finalmente dio resultado. En la misiva dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se solicitaba la sanción tanto de Chico López como la del subDirector de la Policía Nacional Francisco Díaz. Entre las sanciones también están la revocación de visas.
Por asesinos y turberos
A Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, se le señala de organizar los actos violentos llevados a cabo por los grupos parapoliciales y la Juventud Sandinista; quienes han sembrado el terror en diferentes ciudades de Nicaragua, sobre todo en Masaya, Managua, León, Matagalpa, Chinandega y Estelí; realizando ataques con fusiles de guerra y armas automáticas a manifestaciones cívicas y barricadas, que se han levantado para protegerse de los antimotines y criminales armados por el régimen. También, han realizado labores de intimidación, secuestros, torturas físicas y psicológicas, todo en complicidad con miembros de la Policía Nacional.
«Bajo el mando de Francisco Javier Díaz Madriz, la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua», señaló la portavoz del Departamento de Estado.
La ANPDH, en su último informe preliminar, señaló que desde el 25 de junio hasta la fecha, fueron asesinadas 24 personas más, lo que revela que el régimen de Daniel Ortega ha continuado ejecutando a manifestantes con todo y la presencia de los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El comunicado finalizó apoyando los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en las «negociaciones con el fin de resolver la crisis e instamos a la plena implementación del acuerdo de Diálogo Nacional sobre derechos humanos del 15 de junio como un componente fundamental».
Asimismo, Heather Nauert dijo que los Estados Unidos también apoyan la petición de elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes. De igual forma, destacó que continuarán monitoreando de cerca la situación e informaron que tomarán medidas adicionales cuando los acontecimientos lo justifiquen.
La Ley Magnitsky Act debe su creación y su nombre al caso del abogado Serguéi Magnitsky, quien tras denunciar graves casos de fraude fiscal en Rusia fue encarcelado y asesinado. Luego de investigar sobre el caso, Estado Unidos creó la Ley Magnitsky para sancionar a los funcionarios rusos que se vieron relacionados con el asesinato del abogado.
En esta lista negra han entrado funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos de varios países del mundo.
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