El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señala como violadores de los derechos humanos de los nicaragüenses.
La sorpresa la dio Brooklyn Rivera, representante de Yatama en el Parlamento, partido regional que forma parte de la Coalición Nacional. Rivera votó a favor de la continuidad de Lumberto Campbell, lo que fue catalogado como una puñalada para la oposición.
En la lista, la administración de Donald Trump, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluye Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Correos y Telecomunicaciones (Telcor). Castillo ha sido el agente de la dictadura que se ha encargado de censurar a los medios de comunicación y amenazar con retirar licencias por no seguir la línea del régimen. Sus orientaciones llevaron al cierre y confiscación de 100% Noticias, uno de los canales más afectados por la represión y la falta de libertad de prensa en Nicaragua, la que se agudizó a partir de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018.
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Asimismo, aparece la ministra de Salud, Sonia Castro. La institución pública a cargo de Castro ha sido tildada de negar atención médica a los manifestantes que resultaron heridos en el contexto de las protestas y dejarlos morir.
El general en retiro Óscar Mojica, quien está a cargo del Ministerio de Transporte e Infraestructura, también figura en la lista de delincuentes internacionales al igual que el presidente de la Asamblea orteguista, Gustavo Porras, desde donde se aprueban todas las leyes diseñadas para librar a la tiranía de cualquier responsabilidad sobre los hechos de violencia dirigidos por el Estado.
Con estos nueva figuras del orteguismo sancionadas ya suman 13 funcionarios con ficha roja o muerte financiera a nivel internacional. Estados Unidos con la aplicación de estas medidas incluye la prohibición a ciudadanos y al sistema financiero norteamericano de permitir o hacer transacciones con estos sujetos y se ordena congelar todos los bienes, activos, empresas o propiedades, que estos artífices o cómplices de las masacres, corrupción y fraude electoral, tuvieran en territorio norteamericano.
Anteriormente, la mujer de Daniel Ortega, Rosario Murillo, al igual que el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega ya habían sido incluidos en la lista al igual que el consuegro de los Ortega-Murillo y jefe de la Policía al servicio del régimen, Francisco Díaz.
