El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este nueve de octubre de 2020 nuevas sanciones contra el círculo de poder del régimen de Daniel Ortega. La administración de Donald Trump incluyó este viernes en su «lista negra» a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; al asesor presidencial Paul Oquist y a la cooperativa de ahorro bajo el mando de la dictadura Caja Rural Nacional (Caruna).
El CSE controlado por la dictadura, publicó el Reglamento de Ética Electoral haciendo prevalecer leyes represivas con las que pretende poner una daga al cuello a la oposición. en la campaña electoral.
Caruna es la entidad donde la administración Ortega-Murillo mueve los fondos que recibe de la cooperación venezolana. Mientras Guido y Oquist son dos fichas que se han encargado de defender al régimen y en el caso de la fiscal general ha seguido las órdenes de Daniel Ortega para impartir justicia a los opositores en el marco de la crisis sociopolítica.
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A Ana Julia Guido la sancionaron por conformar «un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional designada para fabricar casos contra presos políticos y sus familias. Según estos informes, la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente, incluidos los jóvenes aguadores que fueron detenidos por entregar agua a madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya, Nicaragua en 2019».
Caruna ha servido como herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa) $ 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo. Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de estas transferencias. Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas”, indica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con estas nuevas sanciones, ya son 25 funcionarios fichados como delincuentes internacionales, seis entidades privadas y la Policía Nacional, es decir, una institución estatal. La medida llega un día después que el Parlamento Europeo aprobara una contundente resolución con 609 votos a favor llamando a la dictadura a parar sus anteproyectos de ley que promueve en el país, entre ellos, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, catalogados como leyes mordaza.
Los eurodiputados le advirtieron al orteguismo que si sigue en esa línea se vendrán nuevas sanciones y la suspensión del Acuerdo de Asociación (Ada) con la Unión Europea (UE). Los parlamentarios amenazaron con duras consecuencias y aseguraron que no ha habido avances democráticos en la nación tras el estallido social en 2018, que desató una brutal represión contra la oposición.
Con esta nueva acción de Washington contra la dictadura de Ortega y sus operadores, la Oficina de Control de Activos (OFAC) remarca que «todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas también está bloqueada. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas».
Aun que estos hijos de pautas hagan lo que hagan no volverán a Nicaragua aquí es donde se mira la realidad a qui es donde vamos a votar y donde defenderemos nuestros logros Nicaragua para los nicaragüenses
Será que Estados Unidos no tiene nada que hacer que estar metiéndose En la vida y progreso de Nicaragua, sólo Dios tiene el poder de juzgar.
Nicaragua debe alinearse s los estándares democráticos internacionales. O nos convertimos en estado – paria