El Ejército de Nicaragua, este jueves, 20 de agosto, esclareció la detención y paradero de los ciudadanos, Hader Gonzáles Zeledón y Cristhian Meneses Machado, ambos originarios de Masaya, que fueron capturados en la frontera con Costa Rica, el 15 de agosto. En una conferencia de prensa, el coronel Álvaro Rivas, jefe de Relaciones Públicas del cuerpo castrense, amenazó a los defensores de derechos humanos que en días pasados han estado exigiendo a la institución militar que presentara a los ciudadanos que había detenido.
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«Nos llama mucho la atención, aquellas personas que hacen señalamiento sobre nuestra institución y específicamente sobre está captura, tienen que tener mucho cuidado, en el sentido de que resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por estos delincuentes», dijo Rivas y añadió que «rechazamos toda la campaña de desprestigio de nuestra institución, tratando de desvirtuar nuestro quehacer institucional …».
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Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, reaccionó a la conferencia dada por las autoridades de la institución castrense -señalada de armar a los paramilitares durante la represión de 2018- y afirmó que «es una grave amenaza contra cualquier persona que legítimamente en Nicaragua defienda los derechos humanos (…) y aún más porque va en contra de los familiares quienes no han descansado por conocer el paradero de sus parientes».
Además denunció que esa acción demuestra que el Ejército también pretende «silenciar las voces que demandan el respeto a los derechos humanos (…) porque quieren imponer el terror a los opositores». El defensor además remarcó que evidentemente, con esa captura, las autoridades dejan claro «su postura y compromiso de aplicar persecución contra los opositores al régimen Ortega-Murillo» en Nicaragua.
Carrión además criticó que en ese plan de sumisión a la dictadura, el Ejército esté usurpando funciones de la Policía. «La captura y condena que hacen a los ciudadanos, demuestra que usurpan funciones policiales que no les corresponden, porque es la Policía a quien le compete capturar e investigar. Porque aquí ya ellos presentan el caso como un delito común esclarecido».
También remarcó la repuesta que la institución castrense le ha dado a los campesinos que han sido víctimas de persecución por paramilitares a fines del gobierno de Daniel Ortega. «Alegan que a ellos no les compete capturar a esas personas quienes andan portando fusiles de guerra, ahí es donde está la contradicción porque ahora vienen y capturan a opositores a quienes hasta ya condenan como “delincuentes” y no hacen nada por desarmar y arrestar a los civiles armados», refutó el defensor.
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Finalmente, Carrión consideró que el coronel Rivas hace una «amenaza cínica, cuando el país entero está esperando que el Ejército desarme a quienes están involucrados en grandes crímenes de lesa humanidad, y es una vergüenza que ahora vengan a amenazar a los defensores de derechos humanos».
Por su parte, la abogada defensora de Hader, Yonarqui Martínez, manifestó que como defensores lo que «nosotros hacemos un análisis legal. No se ha venido haciendo un trabajo de desprestigio al Ejército y a la Policía, como ellos argumentan, lo que hemos hecho es decir que se está cometiendo una violación a los derechos humanos y constitucionales».
Defender Derechos es un Derecho.
— Yonarqui Martinez (@YonarquiM) August 20, 2020
Ante las amenazas del ejército es un hecho que lo que pretenden es callar nuestra voz. Yo les digo si ustedes fuesen víctima de violación de Derechos como usuario los defendiera con el mismo ímpetu.
En cuanto a la amenaza del vocero de la institución castrense, la defensora afirmó que «esa advertencia es sin fundamento (…) no tengo ninguna afinidad, solo defendemos el derechos de los ciudadanos» y coincidió con Carrión y sostuvo que lo que se pretende es «callar nuestra voz. Yo les digo si ustedes fuesen víctima de violación de Derechos como usuario los defendiera con el mismo ímpetu».
Exiliado desde el 2018 por protestar
Según Ruth Berlíos, Cristian David Meneses se exilió en Costa Rica el 27 de julio de 2018, debido al asedio y persecución por haber participado en las protestas sociales y en los tranques que la ciudadanía de Masaya levantó durante tres meses para protegerse de las balas del régimen orteguista. “Cuando se hizo el plan limpieza, mi hermano tuvo que huir, porque la Policía lo tenía entre los más buscados.
“Personas cercanas a la familia nos dijeron que lo buscaban vivo o muerto, entonces, no tuvo más opción que exiliarse en Costa Rica para que no lo mataran o lo metieran preso injustamente”.
