El último informe de «The Economist Intelligence Unit» sobre el índice de democracia revela que el 2019 fue un año de reveses democráticos y populares; debido a que en América Latina hubo un «retroceso general». El documento señala que el uso de prácticas autoritarias en Venezuela, Nicaragua y Bolivia representan gran parte del reciente deterioro democrático regional.
La investigación fue realizada en 165 estados independientes y dos territorios en todo el mundo, en la misma se hace un recuento del estado de democracia en los últimos doce años, en el que Nicaragua ocupa el tercer lugar de forma descendiente. En 2006 el nivel democrático era de 5.68 porciento sin embargo en 2019 cayó hasta 3.55 por ciento.
Nicaragua también está en el top de los tres países (junto a Venezuela y Cuba) en los que predomina un régimen autoritario. En este sentido, en el puntaje de proceso electoral alcanza apenas un 1.25 por ciento (por debajo del 10%); en el funcionamiento del gobierno un 2.86 por ciento; en participación política un 3.89 por ciento; en libertades civiles un 4.12 por ciento, esta última es superior a la diferencia de Venezuela (3.24%) y Cuba (2.94%); pero por debajo de Uruguay con 9.71 por ciento.
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El informe insiste en que el retroceso democrático de América Latina en los últimos años ha sido el resultado de una disminución en los procesos de elecciones, pluralismo y libertades civiles. Además, esta unidad de inteligencia remarca que el desempeño en la región en términos de funcionamiento del gobierno sigue siendo «mediocre», pese a que ha luchado para erradicar altos niveles de corrupción, violencia, narcotráfico y crimen organizado que continúan manchando la historia de América Latina.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018, los nicaragüenses han alzado su voces para exigir la salida del poder del régimen de Daniel Ortega a quien le han demandado adelanto de elecciones libres y transparentes, como única solución pacífica para recuperar la democracia en el país.
Sin embargo, se han cumplido 21 meses y lo que ha recetado la dictadura orteguista es represión y asedio, que obligó a más de 70 mil nicaragüenses a exiliarse en otros países, también las detenciones arbitrarias que han dejado más de 65 presos políticos y el asesinato de más de 325 ciudadanos; actos que han sido condenados por la comunidad internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE); mismas que han sancionado a los aliados del régimen orteguistas a quienes acusan de ser violadores de derechos humanos.
