De cara a la conformación de una gran coalición nacional, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) decidió redefinir sus roles y funcionar de manera autónoma en cuanto al trabajo que ha venido desarrollando junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que forma parte de esta organización que surgió para hacerle frente a la dictadura de Daniel Ortega.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, explicó a Artículo 66 que la separación se trata de una «redefinición de identidades como organizaciones hermanas en la lucha» y aclaró que no existe conflicto interno entre las dos organizaciones opositoras. Por su parte Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la UNAB, manifestó que esta estrategia viene a fortalecer el camino a la conformación de la gran coalición.
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La Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) presentó la mañana de este martes, siete de enero, un informe donde detalla las agresiones que han sufrido las periodistas entre octubre y diciembre del 2019, por parte de la dictadura de Daniel Ortega a través de su órgano represor, grupos paramilitares y personas afines a su régimen.
La mayoría de las amenazas de las que son víctimas las comunicadoras han sido a través de las redes sociales, donde además los simpatizantes orteguistas «incluyen insultos, descalificaciones, ataques a su labor periodística, desvalorizaciones personales y profesionales y fotografías privadas compartidas sin consentimiento».
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La Organización Católicas por el Derecho a Decidir, durante 2019, contabilizó 63 casos de femicidios registrados en 15 departamentos de Nicaragua. El organismo señala que en Managua, Matagalpa, Jinotega y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RASS), se registraron las mayorías de asesinatos de mujeres a manos de parejas, conocidos, exparejas, familiares y novios.
El organismo lamentó que de los 63 femicidios, 65 niños quedaron en la orfandad. A la vez, asegura que 35 fueron asesinadas en sus casas y 28 en lugares públicos. Católicas por el Derecho a Decidir identificó que sólo 19 agresores se encuentran detenidos, 5 sentenciados mientras 31 permanecen prófugos.
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Los abogados Julio Montenegro y José Antonio López de la organización Defensores del Pueblo presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad por el nombramiento de Julio César Avilés como jefe del Ejército de Nicaragua para los próximos cinco años. La premiación la hizo el dictador Daniel Ortega en noviembre de 2019, tras reafirmar su lealtad a la administración del régimen.
El penalista José Antonio López señaló que el nombramiento debió hacerse el 21 de diciembre y no el 15 de noviembre a como lo hizo el dictador Daniel Ortega. La Corte Suprema de Justicia tiene 60 días para responder a este recurso de amparo.
