La mañana de este jueves se registró una fuerte explosión en el campo de fútbol del Colegio Salesiano Don Bosco, en el departamento de Masaya. Las autoridades educativas informaron que el incidente ocurrió con un explosivo encontrado dentro del campo, pero que “gracias a Dios no hubo mayores consecuencias que lamentar”. Minutos después, decenas de madres y padres de familia llegaron hasta el colegio para sacar a sus hijos y afirmaron que no los enviarán hasta que no haya certeza de que estarán seguros.
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La delegación de la Unidad Nacional Azul y Blanco, como la Alianza Cívica que se encuentran en Washington, pidieron al secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro apoyar la solicitud de sanciones, ante la comunidad internacional, contra el dictador Daniel Ortega y sus cómplices por seguir violando los derechos humanos en Nicaragua.
El líder campesino Medardo Mairena destacó que el régimen de Ortega ha buscado como silenciar a las voces disidentes por medio del acoso, la intimidación, el encarcelamiento y asesinato.
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La Corte Suprema de Justicia pidió a la Asamblea Nacional la destitución del exmagistrado Rafael Solís, quién se exilió a Costa Rica en enero de este año. La institución orteguista manifestó que la decisión se tomó por “abandono de trabajo” desde hace seis meses, a pesar que este renunció a su cargo.
Después de notificar su salida de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el exmagistrado denunció violaciones a los derechos humanos y a la Constitución Política del país en la que, según él, fue participe por petición de los dictadores Ortega y Murillo.
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Trabajadores de Radio Darío, ubicada en la ciudad de León, junto a su director Aníbal Toruño, denunciaron que cuatro patrullas de la Policía orteguista rodearon las instalaciones de la emisora mientras otro grupo forzaba los portones. Uno de los colaboradores, en condición de anonimato, explicó que perdieron comunicación con el equipo que se encuentra en las instalaciones de la emisora y que temen por la integridad física de sus colegas.
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Alejandro Mercado Calero y su esposa María Isabel Hernández, originarios del municipio La Concepción, en Masaya, denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, desacato de la Policía de esa ciudad, que se negó a ejecutar el desalojo de unos desconocidos que invadieron sus tierras desde hace 40 años y que hasta ahora pudieron recuperar.
La institución orteguista afirmó que no cuentan con las fuerzas policiales necesarias para ejecutar ese operativo. Pablo Cuevas de la CPDH refutó el hecho que la policía cuente con efectivos para reprimir y no para dar acompañamiento a estos ancianos que intentan recuperar los bienes que legalmente les pertenecen.
