Alejandro Mercado Calero y su esposa María Isabel Hernández llevan más de 15 años luchando por recuperar una propiedad de ocho manzanas ubicada en el barrio San Ignacio, del municipio La Concepción, en el departamento de Masaya, misma que fue invadida por personas desconocidas durante la Revolución Sandinista, en 1979, después que la pareja de ancianos fue encarcelada por pertenecer a la Guardia Nacional.
40 años después, la pareja ya envejecida, logró que el judicial Luis Antonio López Jiménez, Juez de Ejecución y Embargos, fallara a su favor y ordenara que la propiedad sea entregada a sus legítimos dueños, que han tenido que andar “rodando”.
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Para ello, solicitó a la Policía orteguista de Masaya, a cargo del comisionado Luis Fernando Barrantes, que ejecutara el desalojo de las personas que invadieron la propiedad desde hace 40 años. Sin embargo, el jefe de la delegación departamental refirió, mediante una carta, que no cuenta con las fuerzas policiales necesarias para realizar el desalojo “debido a las ejecuciones de los planes de aseguramiento de seguridad ciudadana”.
“Tengo a bien informar que debido a las ejecuciones de los planes de aseguramiento de seguridad ciudadana, no contamos con las fuerzas policiales necesarias para realizar dicho acompañamiento”, dice textualmente el documento emitido por la institución orteguista.
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que “en este caso se está violando el artículo 167 de la Constitución Política que establece que las resoluciones y mandatos judiciales son de ineludible cumplimiento, es decir, que corresponde a un desacato policial”.
Además, criticó el hecho que la Policía cuente con efectivos para reprimir y realizar detenciones ilegales en la Ciudad de Las Flores, y no para dar acompañamiento a estos ancianos que intentan recuperar los bienes que legalmente les pertenecen.
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“En lenguaje sencillo esto significa que sí tienen oficiales para mandar a asediar a presos políticos, porque esa es una constante en Masaya (…), el hecho que hay una sentencia donde el juez solicita personal policial para que los acompañen para ejecutar la restitución, o sea, sacar a esas personas usurpadoras y la autoridad se niegue, eso es un desacato”, afirmó Cuevas.
Los afectados identifican a los invasores como: Luis Álvarez Velásquez, Sofía Mercado, Pánfilo Velásquez y Dionisia Mercado, quienes son agricultores y permanecen en la propiedad desde 1979.
“Ellos no aceptaron nada (los invasores), no querés nada con el juez bueno pero ya sabés que este juicio va, yo los voy a demandar, si lo gano bueno y si se pierde pues que se pierda, porque yo estaba resignado también a perder”, manifestó el ciudadano de 74 años.
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