La familia del costeño Evans Taylor recurrió ante el Ministerio Público a interponer una denuncia en contra de la institución policial de Bluefields, a quien señalan de dejarlo ahogarse en el muelle de ese municipio costeño, luego que le daban persecución el pasado 11 de septiembre. El abogado Norlan Gómez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, destacó que la denuncia está planteada por homicidio en comisión por omisión de auxilio por parte de los uniformados. La institución a cargo del orteguismo recibió la denuncia y tiene 30 días para pronunciarse mediante un informe donde notifique que iniciará el proceso de investigación.
Un informe presentado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia destaca que 251 ciudadanos que han protestado contra la dictadura permanecen secuestrados en los sistemas penitenciarios del país, de los cuales se desconoce el paradero de 112. La lista está dividida en cuatro bloques, el primero es de “personas excarceladas que han sido capturadas nuevamente y acusados por nuevos delitos”. El segundo corresponde a “personas presas políticas que permanecen dentro de prisión”, la tercera es de “personas reportadas como desaparecidas” y el último trata de “casos de personas pendientes de confirmar ubicación o verificar información”.
La opositora Dora María Téllez remarcó que a pesar que el régimen tiene una campaña represiva no ha tenido efecto en la población porque los ciudadanos siguen firmes en su lucha cívica.
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Nubia Sandoval denunció ante los abogados Defensores del Pueblo la detención ilegal de su hijo Douglas Antonio Villanueva, originario de Chinandega, quien fue capturado el domingo, 22 de septiembre, en el centro de esa ciudad y trasladado al nuevo Chipote ubicado en Managua.
El arresto lo orquestaron grupos civiles en compañía de la Policía orteguista. Los familiares desconocen el motivo de su secuestro, pero sospechan que se debió a que participó activamente en las protestas de abril de 2018. La madre del detenido afirma que no lo ha podido verlo y amenaza con encadenarse en las afueras de la cárcel hasta que le entreguen a su hijo.
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La Unión Europea abrió la posibilidad de crear un régimen de sanciones contra Nicaragua ante la negativa del régimen orteguista de buscar una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018. Las sanciones contra los nicaragüenses y funcionarios cómplices de la dictadura se dan con el objetivo de recuperar “la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, afirmó el medio de comunicación Euronews.
El marco de sanciones tiene que ser aprobado por el Consejo de la Unión Europea, que será abordado, según la agencia, a inicios de la reunión de Ministros Exteriores que se estará llevando a cabo en octubre de este año.
