La mañana de este martes, 25 de junio con trámite de urgencia, los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional presentaron una iniciativa de reformas al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual le quita funciones al presidente Gustavo Porras, quien recientemente fue sancionado por Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
La modificación cambia el artículo 44 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en el segundo párrafo especifica que “la Presidenta o Presidente representa al Poder Legislativo, preside la Asamblea Nacional y su Junta Directiva, dirige y garantiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional en su calidad de máxima autoridad administrativa, administra el presupuesto y nombra al personal de acuerdo con la ley”.
Con la reforma al segundo párrafo del artículo 44, el presidente del Poder Legislativo descarga sus funciones administrativas y financieras en la figura de una nueva Secretaría Ejecutiva. “La Autoridad Administrativa de la Asamblea Nacional es el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional, responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrará al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional”.
Reformas semejantes
El siete de febrero de 2019, la Asamblea Nacional también aprobó con trámite de urgencia una reforma al artículo 14 de la Ley Electoral, en la que se establecían las funciones del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE). Con la modificación le quitaron funciones al expresidente electoral y también sancionado por Estados Unidos, Roberto Rivas, para asignárselas al vicepresidente de ese Poder del Estado, Lumberto Campbell. Rivas también fue sancionado por el Departamento del Tesoro norteamericano, el 21 de diciembre de 2017.
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Entre los cambios, en ese momento, le permitían a Rivas la función de presidir la institución, convocar a reuniones y hacer cumplir las resoluciones; mientras el vicepresidente se encargaría de la administración y representación legal de este poder del Estado. Rivas renunció a su cargo el 31 de mayo de 2018, alegando problemas de salud, mientras era críticado por su participación en supuestos actos de corrupción.
Después de la salida de Rivas del cargo, se desconoce si las funciones administrativas volvieron a recaer en manos de Campbell, ya como presidente formal, o si quedaron en manos de otro funcionario, tal y como manda la nueva ley.
Los movimientos administrativos que la dictadura ha realizado con fichas como Rivas o Porras forman parte del reacomodamiento obligado de los sujetos sancionados por Estados Unidos, que tenían firma libradora en bancos. Las sanciones impuestas por Washington representan muerte financiera para estos personajes, porque la banca nacional queda inhibida de realizar cualquier transacción, so pena de perder el enlace con bancos estadounidenses que sirven como intermediarios para transferencias internacionales.
Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 12 fichas de la dictadura orteguista, entre los que figura el expresidente del CSE, Roberto Rivas; el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; el tesorero del FSLN, Francisco López; el jefe de la policía y consuegro presidencial, Francisco Díaz; el asesor en espionaje Néstor Moncada Lau; a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo; al hijo de la pareja presidencial y operador de inversiones, Laureano Ortega; al director de Telcor, Orlando Castillo; al ministro de Transporte e Infraestructura, Oscar Mojica; a la ministra de salud Sonia Castro y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Además, impusieron sanciones al Banco Corporativo, la caja fuerte del FSLN, que se vio obligado a la quiebra.
