El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso una ley de amnistía para proteger a funcionarios del Estado involucrados en los crímenes perpetrados desde abril de 2018, como solución a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. La idea de la tiranía fue rechazada por la Alianza Cívica. La oposición dijo que no tiene contemplado respaldar esa iniciativa. “Se nos ha adelantado de que el Gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica; nosotros decimos que la solución al tema de justicia es más complicado que eso, no es a través de un plumazo de una ley, de un decreto que se puede traer reparación y justicia a los familiares de todas las personas que han sido afectados con esta crisis”, explicó al diario La Prensa, el miembro negociador Juan Sebastián Chamorro, quien también insistió que para ellos lo principal es que se libere a los presos políticos.
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + (CODHNN+) emitió un comunicado en donde rechazan la propuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de aprobar una ley de amnistía, la que es vista como el salvavidas de la dictadura. En el escrito resaltaron que “hasta la fecha no hay un solo agente del Estado e integrante de los escuadrones de la muerte, ni preso, ni procesado. Los crímenes de lesa humanidad no admiten ni amnistía ni indulto, que son figuras jurídicas que son utilizadas para asegurar impunidad, pero absolutamente incompatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, relacionadas con el derecho de justicia que tienen las víctimas”. El Estado es catalogado como el principal responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las protestas, según los organismos internacionales de de derechos humanos.
Los representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) continúan con la campaña contra el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el objetivo de que esa entidad frene los préstamos para el fortalecimiento de la Policía orteguista, considerada por la oposición nicaragüense como el brazo armado y represivo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta vez, la UNAB emprendió un llamado a la ciudadana para que marquen al teléfono de la oficina del BCIE en Managua o que escriban al correo electrónico: [email protected] y de esa manera hagan su reclamo formal al banco para exigirle “que deje de financiar las balas que nos matan”, en alusión a la guardia al servicio del régimen, señalada de ser una de las principales responsables de los asesinatos contra los ciudadanos que desde abril de 2018 decidieron protestar contra los Ortega-Murillo. Asimismo, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá están convocando a plantones simultáneos en las afueras de esa organización como otro método de presión.
El preso político Edward Lacayo, conocido como “La Loba Feroz” pidió, a través de una carta, a los organismos de derechos humanos que no levanten las sanciones contra la dictadura y que sean la voz de los ciudadanos que el régimen mantiene secuestrados por protestar en su contra. Lacayo en su misiva insiste en que “el gobierno de Ortega no tiene ni el poder ni las condiciones favorables para demandar se levanten las sanciones impuestas a personas particulares afines a su gobierno, para cumplir, lo que él mismo se comprometió a cumplir, como es la libertad de las presas y presos políticos y la libertad de prensa y de manifestación (…). El gobierno solo busca distraer la atención del mundo y hacer creer que cumple, cuando, al contrario, cada vez busca a quien culpar”.
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Y en el plano económico, según el más reciente informe “Nicaragua en crisis política y socioeconómica; Informe de coyuntura mes de Mayo”, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), las proyecciones de crecimiento para el país no son alentadoras y más bien apuestan que “de acuerdo al informe anual del Banco Central de Nicaragua (BCN), en el 2018 el desempleo terminó en 5.5%, con una caída del 7.3%. Para el 2019, la tasa de desempleo abierto , nos ubicaría entre el 7.5% y el 8.5%, lo que implicaría que terminaríamos entre 244 mil y 276 mil desempleados como saldo a finales del 2019, es decir, que en comparación al 2018, este año la cifra de nuevos desempleos será entre 66 mil y 98 mil” personas que se quedarán sin trabajo producto de la represión dirigida por el Estado que ha frenado el avance de la inversión y el turismo.
