De acuerdo con el proyecto mundial “Variedades de la Democracia” (V-Dem), Nicaragua se ubicó entre los países menos democráticos durante el 2018, junto a Cuba y Venezuela, ambos aliados del régimen de Daniel Ortega. Entre los indicadores que resumen la democracia liberal están: las libertades civiles, el Estado de derecho y elecciones transparentes. En ese sentido, Nicaragua apenas alcanzó un puntaje de 5.8 de 100.
En esa misma línea, el informe “Nicaragua en crisis política y socioeconómica; Informe de coyuntura mes de Mayo”, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) resalta que en los últimos 20 años este país “ha sido la segunda nación con mayor retroceso democrático en América Latina, los mayores índices de retroceso para el caso de Nicaragua se observan en 1999, 2007 y 2018, una de las más importante es la de 1999, que se aprobaron las reformas resultantes del pacto Ortega-Alemán, que implicaron la reducción del piso electoral, la ampliación de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), al tomar el poder Daniel Ortega en el 2007, todos los poderes del Estado se alinearon detrás del Ejecutivo”.
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El informe del Funides detalla que en Nicaragua el mayor deterioro en las últimas dos décadas ha sido la independencia del Poder Legislativo; “Esto es el resultado directo de la pérdida de autonomía por parte de los partidos políticos, ocasionada por un proceso continuo de des-democratización al interior de los mismos”.
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Ese centro de pensamiento igualmente resaltó que el deterioro en la “institucionalidad democrática” se muestra principalmente en el incremento, en la dificultad que tienen los ciudadanos para ejercer sus libertades civiles políticas, como es el derecho a manifestarse públicamente contra un régimen dictatorial.
Ortega mantiene secuestrados los derechos sociales y encarcela a los ciudadanos que deciden protestar en su contra o alzar la bandera de Nicaragua.
