El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) respondió a través de un comunicado a las presiones que se han desatado en su contra en las redes sociales después de que se conoció que la entidad financiera coopera con préstamos para el fortalecimiento de la Policía orteguista, considerada por la oposición nicaragüense como el brazo armado represivo de la dictadura. El BCIE se declaró “apolítico” y elogió a Nicaragua porque “los resultados de la auditoría 2018 reflejan que ha cumplido con todas las normas y procedimientos establecidos por el Banco en la ejecución de sus proyectos y que se encuentra al día con sus compromisos de deuda”, aunque obvió pronunciarse sobre las obligaciones éticas y de respeto a los derechos humanos de los países. La ciudadanía solicitó a la entidad financiera que se abstuviera de entregar fondos a la guardia y una de las iniciativas fue firmar una petición en línea respaldando esa solicitud, la cual en dos días alcanzó más de 11,500 firmas.
De “criminal, golpista, terrorista y traidor de la patria”, así califica la tiranía de los Ortega-Murillo al economista y miembro de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, en una campaña de insultos que emprendió el régimen contra el representante de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y con la que se dio a la tarea de obligar a firmar con un formato personalizado contra el delegado de la contraparte opositora en el que piden nombres y número de cédula a trabajadores de la Alcaldía de Managua y de algunos ministerios para también pedir su expulsión de la mesa de negociación. Chamorro este 8 de mayo se sumó al levantamiento de firmas para pedir al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que frene el desembolso para los proyectos de la policía orteguista, que consisten en la adquisición de medios de transporte para el fortalecimiento de capacidades operativas de dicha institución.
Los familiares del preso político y líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya Edward Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como “La Loba Feroz”, denunciaron que el prisionero fue brutalmente golpeado por el comisionado y subdirector de la Policía orteguista Ramón Avellán, junto a Néstor Moncada Lau, asesor en espionaje y paramilitarismo de Daniel Ortega. Según Estelita Rodríguez Zelaya, de 67 años, madre de “La Loba feroz”, la agresión física en contra de su hijo se dio el 26 de abril, luego que las fichas del orteguismo le propusieran a Lacayo “cooperar” con la dictadura. Sin embargo, el joven se negó, lo que provocó la reacción violenta de los operadores de la tiranía. “Le dijeron que no siguiera levantando masas dentro de la cárcel y que le iban a regresar el negocio y la casa, con la condición que él ya no siguiera protestando y que además, tenía que firmar con ellos”, recalcó la madre de Edward y agregó que la respuesta de su hijo fue: “váyanse de aquí hijos de la gran puta, porque yo no me vendo, yo no vendo el sufrimiento de la gente, de mi patria, de mi país, de la gente que ha sufrido con la pérdida de sus hijos y el sufrimiento de mi familia y aquí donde yo estoy, en esta celda, aquí van a venir a parar ustedes. En ese momento fue cuando lo comenzaron a golpear, lesionándole un tímpano del oído”.
La dictadura de Daniel Ortega mantiene en condiciones inhumanas a los presos políticos, en particular, a los 42 prisioneros que se encuentran en la Galería 300, conocida como “El Infiernillo”; y 301 del Sistema Penitenciario “La Modelo”.“Sí, han habido desmayados, hay personas que se han acostado en el suelo por los calores que están intensos, incluso, se habla dentro de los comentarios de algunos que están en celdas lejanas y pueden escuchar gritos de desesperación porque no aguantan las condiciones en que los tienen”, dijo a Artículo 66, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro.
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La empresa de envíos de dinero AirPak – Western Union le está haciendo “el juego” a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo obligando a sus clientes a ir a renovar las cédulas vencidas, por las que el régimen cobra 300 córdobas. La denuncia la hicieron varios lectores a Artículo 66 señalando que la empresa de remesas no acepta las identificaciones que están vencidas y que fueron prorrogadas por Ortega hasta el 30 de abril de este año. El argumento es que supuestamente el escáner no las reconoce. Uno de nuestros lectores resaltó que él “se negaba a pagarle 300 pesos a esos ladrones (al referirse al Consejo Supremo Electoral), pero esa empresa lo está obligando a uno. Y solo ellos, porque incluso los bancos sí todavía reciben la cédula viejita y esos de Western Unión lo obligan a uno a ir a pagar. Eso debe de ser amarre para que uno vaya a pagar”.
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Los exiliados nicaragüenses en Guatemala, entre los que se encuentran exatrincherados universitarios, feministas, estudiantes, miembros de la diversidad sexual y la comunidad de nacionales que reside en el país centroamericano, comenzaron una campaña de boicot contra la delegación de dirigentes estudiantiles orteguistas de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), que participarán en un congreso que organiza cada año la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA), que este año se realiza en la Universidad San Carlos, de Guatemala. La campaña busca denunciar la complicidad de UNEN con el régimen Ortega Murillo en la represión a estudiantes universitarios y la ciudadanía tras la crisis que inició en abril de 2018.