Más de 6 300 hectáreas quedaron calcinadas en uno de los principales bosques húmedos de Centroamérica. Serpientes, aves, vacas, dantos, venados, entre otros fueron las víctimas de la negligencia del gobierno, que según los organismos de protección ambiental realizaron estudios y varias alertas nacionales para que actuaran de inmediato y evitaran la tragedia, que meses después causó un estallido social más fuerte en el país.
Desde la capital, los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) y activistas se tomaron las calles exigiendo acciones inmediatas del régimen y que aceptaran la ayuda de países como Costa Rica, El Salvador y México para detener el hambriento incendio; sin embargo la repuesta de los Ortega-Murillo, fue violenta y egoísta porque sacó a sus policías para agredir a los manifestantes.
Según Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, la cual la Asamblea Nacional administrada por diputados orteguistas le canceló en diciembre de 2018 su personería jurídica confiscando sus dos emisoras y acosando a sus trabajadores con el fin de que estos no siguieran denunciando las violaciones en la reserva Indio-Maíz por parte de colonos y religiosos; destacó que cuando inició el incendio realizaron estudios por satélites para identificar las áreas más afectadas por el fuego, pruebas que fueron “ignoradas” por las organizaciones ambientales del Estado permitiendo que la tragedia se extendiera a más de 10 días.
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“El gobierno no tenía las capacidades de controlar un incendio forestal, no tenía un personal capacitado, no tenía un sistema de monitoreo en tiempo real, no tenía equipos para enfrentar la situación, ni material químico para sofocar el incendio porque no es solo con agua. El acceso a la zona era sumamente difícil y no tenía equipos aéreos como otros países (…) La tragedia se pudo evitar a través de la prevención porque hace más de siete años venimos denunciando la invasión de colonos”.
Tanto Costa Rica como otros países ofrecieron personal y equipo para socorrer el incendio, que supuestamente fue provocado por agricultores. Pero la lentas acciones del régimen provocaron que avanzara a las áreas de palmeras y bambús complicando aún más el proceso.
33,426 incendios en un año
Un reciente estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) resalta que se han dado “33, 426 incendios en el período del 8 de marzo de 2018 al 7 de marzo de 2019, de los cuales 25 % fueron áreas protegidas”.
El estudio señala que los municipios más afectados en 2018, fueron: Juigalpa, Chontales, León, Chinandega, Nueva Segovia, Estelí, Madriz y Matagalpa. Tan solo en Managua, el Benemérito Cuerpo de Bomberos en 2018 atendió 102 incendios “forestales y de maleza” y en la región segoviana se reportaron 94 incendios forestales y agropecuarios, que perjudicaron 3,711 hectáreas de bosques y pastizales.
En los primeros meses de 2019, registraron en Rivas 25 incendios forestales, “comparado únicamente con 11 para el mismo período en 2018”. En lo que va del año en dicha zona se han quemado “700 manzanas de bosques y pastizales, incluyendo una reserva privada frente a Playa Gigante”.
Especies únicas en peligro
El estudio presentado por Funides resalta que uno de los aspectos alarmantes de estos incendios es que se han dado en sitios con “especies únicas y con poca presencia en la mayor parte del territorio, como son las áreas de pino y manglar”.
El más reciente incendio provocado por “garroberos” afectó 250 manzanas de las últimas reservas de pino en Venecia, Estelí y otro en Pine Wood Creek, Kukra Hill, donde se perdieron cuatro manzanas de manglar.
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Tanto Funides como la Fundación del Río recomiendan a las instituciones del Estado creadas para velar por el medio ambiente a que realicen estudios para definir las zonas de riesgos priorizando los nueve municipios de Managua con mayor riesgo potencial de incendios.
