Agentes de la Policía orteguista y del Ministerio de Gobernación (Migob), llegaron a las instalaciones de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), según lo denunció el integrante de esta organización, Amaru Ruiz, quien además expresó su preocupación por que los enviados orteguistas se llevaron un vehiculo de la organización, una caja fuerte, y varios documentos. También fueron detenidos la administradora y el contador de esta ONG.
«Nuevamente el gobierno de Nicaragua está en contra de las organizaciones de sociedad civil, esta vez intervino en la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, tienen detenido a nuestra administradora Reginella López y a nuestro contador Eduardo Maya, ambos están en el Ministerio de Gobernación, siendo interrogados».
Esta organización trabaja de cerca con otras organizaciones no gubernamentales que operan en más de 100 municipios del país. Para Amaru Ruiz, resulta lamentable que de nuevo la dictadura de Daniel Ortega ataque a otras organizaciones de la sociedad civil.
«Alertamos a las otras organizaciones a resguardar sus recursos sus documentos legales y a seguir con la lucha», dijo Ruiz en un video difundido en redes sociales.
Mónica López, directora de la Fundación Popol Na, una de las organizaciones a las que le arrebataron la personería jurídica a finales de de noviembre de año pasado, y que forma parte de la Junta Directiva de Red Local, denunció «la brutal criminalización que el régimen orteguista hace de nuestras organizaciones ¡Hace años luchamos junto a comunidades y sectores populares, por eso nos criminalizan!», aseguró la abogada ambientalista.
«Tanto red local como Popol na y Fundación del Río integramos el grupo Cocibolca, que durante más de 5 años hemos denunciado la concesión canalera y hemos estado junto al Movimiento Campesino. Igualmente somos las organizaciones que denunciamos desde el Grupo Cocibolca la ineptitud del régimen ante el incendio de Indio Maíz», aseguró López.
Son 22 organizaciones de sociedad civil las que conforman la Red Local, dijo Amaru Ruiz. Muchas de estas organizaciones operan en los municipios y por temor a represalias no han querido denunciar públicamente este allanamiento. Ruiz es parte de la Fundación del Río, organización a la que igualmente le fue arrebata la personalidad jurídica en noviembre de 2018.
