A través del acuerdo presidencial No. 02-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 8, del 15 de enero, el régimen orienta a la Procuraduría General de la República (PGR) suscribir escrituras de tres propiedades en favor del Ejército de Nicaragua.
Estas pasan a ser exclusivamente de uso militar y están ubicadas en Managua, Rivas y Estelí con el objetivo de “salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional”.
De acuerdo a la dimensión de los terrenos entregados estos suman más de 40 mil metros cuadrados. Por su parte el vocero del Ejército de Nicaragua, Álvaro Rivas Castillo dijo en una entrevista con el diario La Prensa que las donaciones fueron entregadas por Ortega y que ya están en poder de la institución.
Rivas expresó a este medio que “no hay ningún proyecto en particular. Este es un proceso que desde hace años se ha venido realizando para legalizar las propiedades institucionales que tiene el Ejército de Nicaragua en función de su misión constitucional”.
Una de las propiedades entregadas por el régimen se ubica en finca El Zapote, Rivas con un área de 8,814 metros cuadrados; la otra donación rodea Ciudad Doral ubicada en el kilómetro 20, carretera nueva a León y una de las propiedades más extensas; y el tercer acuerdo sede 529 metros cuadrados en el Cerro Las Brisas, Estelí.
Críticas y señalamientos de la población
Desde el inicio de las protestas en el país dicha institución castrense ha sido criticada y señalada por la población nicaragüense por su “neutralidad” ante los crímenes del régimen contra la población nicaragüense y su fidelidad con los Ortega-Murillo.
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Sin embargo, antes del inicio de la mayor crisis en el país, en abril de 2018, el Ejército de Nicaragua, ya era cuestionado y denunciado por la población campesina de participar en conjunto con la Policía orteguista en el acoso, intimidación y asesinato de ciudadanos. Asimismo hay muchos casos de agresiones y enfrentamientos donde han tenido participación, pero que nunca esclarecieron.
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El exmagistrado Rafael Solís, detalla en su carta de renuncia hecha pública el pasado 10 de enero, que “por alguna razón (el Ejército) no ha desarmado a los grupos armados”.
Recientemente los pobladores de Río San Juan y Nueva Guinea han denunciado ante los medios de comunicación la presencia de grandes grupos militares que se adentran a la montaña a buscar a ciudadanos que se oponen al régimen y en conjunto con la Policía allanan ilegalmente los hogares; sin embargo dicha institución niega su participación y dice conocer solo lo que ha notificado la Policía orteguista.
