Desde hace un mes, los pobladores de Las Vegas, Morrito, Cascada Seca, El Fajardo, El Almendro y Dorado denunciaron un fuerte despliegue militar en la zona, los cuales en las últimas semanas de enero de este año, en conjunto con antimotines han realizado cateos en las viviendas sin dar una explicación ni mostrar una orden oficial.
Según una de las fuentes consultadas bajo anonimato, el pasado sábado, 12 de enero, grupos armados de varias comunidades de Nueva Guinea y Río San Juan se enfrentaron con militares en la comunidad de Las Vegas, El Almendro dejando como resultado dos personas fallecidas.
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En el sitio web de la Policía orteguista en la nota informativa No. 1/2019 explica que “el equipo de Investigación Policial se dirigió al lugar, encontrando dos personas fallecidas de sexo masculino, identidad desconocida, con impactos de bala. Al realizar inspección en el lugar del suceso se ocuparon 5 escopetas, 4 Revólveres, 21,300 córdobas en moneda falsa y 6.5 libras de marihuana”.
Nuestra fuente confirmó a Artículo 66, que los atacados miembros de un grupo armado autodenominado Unidad de Resistencia Nacional (URN) se dirigían a la frontera con Costa Rica donde fueron interceptados por el Ejército.
Comunidades militarizada
“Desde hace más de un mes, antimotines y militares han intimidado y agredido a los campesinos. Los policías se quedan resguardando las salidas de los municipios y comarcas, mientras el ejército va montaña adentro dejando totalmente militarizadas las comunidades”.
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Desde el inicio de la mayor crisis de Nicaragua en abril de 2018, los campesinos han apoyado las protestas pacíficas de los universitarios dejando como resultado el encarcelamiento y el exilio de sus líderes, quienes en el 2013, se organizaron para protestar por el intento del Gobierno de Ortega de arrebatarles sus propiedades, al amparo de la Ley 840 o ley del canal interoceánico.
Durante todo ese tiempo los campesinos han sufrido las agresiones del régimen los cuales eran atacados por antimotines en las marchas contra el canal que realizaban en sus comunidades o en la capital.
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Igualmente, el Ejército y la Policía han desatado una cacería contra supuestos rearmados políticos que se alzaron en las montañas. Las autoridades los califican como delincuentes comunes, mientras los rebeldes se definen como “opositores al régimen de Ortega”.
En el 2011 se supo del primer asesinato de José Gabriel Garmendia, alias “Yahob”, quien fue ultimado a balazos en la zona fronteriza con Honduras. Desde entonces se han producido más de 20 enfrentamientos entre tropas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército con supuestos rearmados.
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Entre el 2011 y 2017, se registraron más de 20 enfrentamientos entre el Ejército y la Policía Nacional contra supuestos delincuentes, con un saldo 51 muertes, entre los que se detallan 42 rebeldes asesinados, 7 miembros de la Policía y del Ejército y 2 civiles, entre ellos, una adolescente de 14 años.
Uno de los casos más sonados de aniquilamiento de rearmados ocurrió en la Comunidad San Pablo 22, del municipio de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur. El ataque se registró el 12 de noviembre de 2017.
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En el tiroteo resultaron muertos Rafael Pérez Dávila, alias “comandante Colocho” y tres hombres armados. En el ataque, el Ejército también mató a un niño y dos adolescentes, hijos de la campesina Elea Valle. Los cadáveres fueron lanzados en una fosa común y hasta la fecha la policía y el Ejército han evitado la exhumación de los cuerpos, pese a las súplicas de Valle de que le permitan sepultar a sus hijos decentemente.
El ejército de Nicaragua jamás ha sido indiferente ante los cantos de sirena, los privilegios y el compadrazgo con la dictadura Ortega Murillo. Durante más de una década se han dado a la tarea de combatir a los grupos armados ilegales en el campo, tildándolos indistintamente de abigeos y narcotraficantes, cuando está claro por confesión del mismísimo dictador, que desde el 2007 han existido grupos armados con pretensiones políticas en Nicaragua, a los que, por cierto, han perseguido implacablemente, infiltrando gente en las comunidades rurales y cometiendo un sinnúmero de atropellos, que probablemente nunca se sepan, gracias al eficiente trabajo que en su momento hicieron y siguen haciendo el acomodo, la indiferencia, el miedo y la censura periodística. Nueve meses después del inicio de la crisis, el ejército sigue contándonos el mismo cuento aburrido y mentiroso de abigeos y narcotraficantes. Esperando agazapados, al mejor estilo Ortega Murillo. Estudiando escenarios para ver cómo se mueven las cosas con los gringos, pero también esperando instrucciones del Comandante. Con las armas preparadas y la tropa adoctrinada, disponibles para seguir apoyando por debajera, ¡claro!, a la Policía y los paramilitares, sean criollos o importados. Con todo su aparataje de espionaje político intacto y sus oficiales de contrainteligencia metidos de cabeza entre la tropa, para abortar con tiempo cualquier tipo de conjura militar. Y por si alguien todavía tiene duda de la receta venezolana que nos están aplicando: jurando lealtad absoluta en privado al tirano (la noticia en el 19 aparecerá en su debido momento, ya verán …). Mientras tanto y para no perder la costumbre, seguirán haciéndonos la guatuza. Disimulando calladitos y ganando tiempo … igualito que Ortega. Con el mismo doble discurso y la incoherencia que caracteriza a los que tiran la piedra y esconden la mano. Aunque nosotros también nos hagamos los pendejos y sigamos sin querer llamar las cosas por su nombre: el ejército de Nicaragua es otra herramienta más de la dictadura. Punto.