[vc_row][vc_column][vc_column_text]Esta mañana, líderes del movimiento político Frente Amplio por la Democracia (FAD) interpusieron una denuncia ciudadana ante el Ministerio Público contra el todavía presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, por hasta 10 supuestos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero.
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La denuncia fue firmada por la coordinadora del FAD y excandidata presidencial, Violeta Granera, el jurista liberal y exdiputado, José Pallais, la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyén Barahona, el presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), Moisés Hassan, el médico y exdirigente de la Resistencia Nicaragüense, Enrique Zelaya (Doctor Henry) y la expresidenta del MRS, Ana Margarita Vijil.
El recuento de los supuestos delitos cometidos por Rivas inicia en 2011, y se basa en una investigación de El Nuevo Diario. Este medio de comunicación publicó, cuando hacía investigaciones periodísticas, que Roberto Rivas Reyes “ordenó a la directora financiera del CSE, María Angélica Cano Ramírez, la emisión de centenares de Cheques (soportadas por medio de facturas falsas), a nombre del director administrativo, Mauricio Fernández Mayorga y otros a favor de su cuñado Leandro Delgado Osegueda, Rodrigo Barreto y las asistentes del Presidente del CSE, Amanda Montiel y Bertha de la Peña Sánchez”.
El reporte periodístico soportó, con documentos, que el mecanismo empleado por Rivas para sustraer los fondos fue bajo “anticipo por justificar” y los conceptos variaban entre “otros servicios”, “gastos operativos de Las Palmas”, “viáticos al interior, útiles de oficina, productos sanitarios y útiles domésticos, atenciones sociales y otros servicios”; “pago de deudas vencidas”; “adquisición de productos sintéticos”, “productos químicos”, entre otros.
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Según esta investigación, que fue presentada como prueba en esta denuncia de los miembros del FAD, mediante ese método, se extrajeron del Poder Electoral unos 407 millones de córdobas.
Vehículos sin impuestos
Según la denuncia, Roberto Rivas, cuando era director de Coprosa, la Comisión de Promoción Arquidiocesana, adscrita a la Iglesia Católica, introdujo al país 2,500 vehículos sin impuestos para venderlos a particulares.
«Coprosa, operó al margen de la ley por 11 años y Alberto Novoa, exprocurador de la República en 2002, dijo al periodista Octavio Enríquez en una entrevista “con papeles en mano”, que Coprosa no era más que una estafa», justificaron los denunciantes en su documento introducido ante la Fiscalía.
Sociedad turbia y los hijos de Daniel Ortega
La denuncia colectiva continúa con una investigación del periódico costarricense La Nación, donde se reveló que, Roberto Rivas constituyo con apenas dos dólares, la sociedad Chibilú del Oeste, Sociedad Anónima, entidad que «fue creada con fines de comercio, agricultura, transporte, industria, exportación, importación y otros, en la que según los datos registrales, el Magistrado figura como Presidente de la misma».
Esta investigación periodística, también reveló que la Sociedad Chibilú del Oeste, S. A., según registros, desde el año 2004, es propietaria de un complejo habitacional compuesto de cuatro (4) residencias en la exclusiva y lujosa comunidad Eco Residencial Villa Real de Santa Ana, Costa Rica, valorado en más de tres millones de dólares. El complejo abarca un área de 3,514 metros cuadrados. El domicilio legal de la Sociedad, es la mansión de Villa Real, conforme a la documentación referida en la investigación. En el condominio, revela La Nación, también vivían los hijos del Magistrado: Roberto Miguel, Indira y Stephanie Josephine.
Según La Nación, entre el 2007 y 2009 Maurice y Laureano Ortega Murillo, hijos de Daniel Ortega Saavedra, estudiaron en Costa Rica. La carrera que eligieron fue Cine y Televisión, en la Universidad Veritas, una de las más caras de ese país, y la morada donde durmieron era una de las mansiones de Roberto Rivas Reyes. «La Policía de Control Fiscal de Costa Rica aseguraba que dos hijos de Daniel Ortega usaban el vehículo Porsche 911, vehículo propiedad de la embajada nicaragüense en San José, comprado sin impuestos y dotado de placas diplomáticas, gracias al entonces embajador Harold Rivas, hermano del magistrado», reza la denuncia.
El Jet de la hija de Robert Rivas
El periodista de La Prensa, Octavio Enríquez, publicó en 2007, ocho meses después que Daniel Ortega Saavedra, regresó al poder, que Stephanie Rivas Delgado, hija del magistrado electoral, adquirió un Jet Matrícula N347GA, valorado en más de un millón de dólares.
Además, según el periodista, entre los años 2007 y 2009 Roberto Rivas, compró vía sociedades anónimas, dos Jets, invirtiendo en estas transacciones, según el reportaje, al menos 2.3 millones de dólares, sin contar los gastos que suponen los aviones. Fuentes en Migración, revelaron a La Prensa que además Rivas Reyes, posee un hangar privado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para guardar sus aeronaves y cuenta con su propio mecánico y maleteros.
En total unos diez casos de corrupción y enriquecimiento ilícito fueron presentados para soportar la denuncia ciudadana de los miembros del FAD. El recuento esgrime las compras millonarias y los lujos de Rivas y su familia, que el funcionario no podría costear con un salario promedio de 60 mil dólares al año que devenga como titular del CSE.
Algunos de los lujos de los que alardea Roberto Rivas y sus hijos incluyen automóviles de lujo, valorados en más de 70 mil dólares, viajes en aviones privados valorados en más de 150 mil euros cada uno, compra de palacetes valorados hasta en nueve millones de euros en Madrid, las cuatro mansiones en exclusivos condominios en San José, y la existencia de sociedades turbias en Costa Rica, España y Nicaragua.
La denuncia finaliza acusando al presidente del Consejo Supremo Electoral, por Fraude y lavado de dinero y piden 10 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Rivas: el delincuente internacional
Roberto Rivas ha sido calificado por el gobierno de Estados Unidos como un delincuente internacional y el 22 de diciembre fue sancionado con la activación de la Ley Global Magnitsky, que lo ubicó en una lista negra, junto a narcotraficantes, criminales internacionales, corruptos y violadores de derechos humanos de distintos países del mundo.
Esa sanción prohibió a ciudadanos estadounidenses hacer transacciones financieras con Rivas, obligó a los bancos internacionales a negarle cualquier movimiento de dinero, y congeló cuentas y activos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.
El siete de febrero, la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional despojó de todas las funciones al presidente del CSE, Roberto Rivas, y traspasó el mando al vicepresidente, de ese Poder del Estado, Lumberto Campbel. Rivas, sin embargo, quedó con protección política, diplomática y policial, y devengando los más de cinco mil dólares de salario, sin tener que asomar la cara.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
