Tras la sentencia de culpabilidad por el delito de calumnia que emitió el juzgado de Bluefields contra la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, organizaciones de Nicaragua que trabajan en la defensa de la libertad de prensa mostraron su repudio a ese fallo, el que consideran arbitrario y un atropello más dirigido por el Estado a los periodistas independientes del país.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro expresó su rechazo a la sentencia judicial. A través de un comunicado, la entidad señaló que «Salazar es una de los cuatro periodistas que son víctimas de una ola de procesos judiciales, como un nuevo método represivo que intenta silenciar la labor informativa del periodismo independiente de Nicaragua».
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La juez orteguista Deyanira Traña, del Juzgado de Bluefields, en el Caribe Sur, declaró culpable por el delito de calumnia a la periodista Kalúa Salazar. Las acusadoras de la jefa de prensa son Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno, quienes argumentan sentirse aludidas en una nota publicada por La Costeñísima sobre casos de corrupción en la comuna. Estas tres personas están identificadas como militantes sandinistas. El proceso se llevó «a puertas cerradas».
La nota titulada «Se destapa corrupción en la Alcaldía del municipio El Rama» se publicó en agosto de este 2020 y ventila el supuesto desfalco de 100 mil córdobas por parte de empleados de la municipalidad.
Por su parte, PEN Internacional Nicaragua calificó la acción como un «juicio político y enmarcado en una ofensiva gubernamental por silenciar a las voces independientes (…) La demanda judicial contra Kalúa Salazar es parte de una nueva escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega contra los medios de comunicación independientes, que luchan día a día por llevarle a la ciudadanía la información de lo que ocurre en el país».
Asimismo, las organizaciones hicieron un llamado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que respete las garantías fundamentales de la Constitución Política de Nicaragua, que entre sus preceptos incluye respetar la libertad de prensa y expresión.
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Mientras, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reprochó la sentencia y aseguró que «Daniel Ortega sigue los pasos de Somoza, no olvidamos cuando en 1976 Cornelio Hüeck, el cerebro político y legal de la dictadura, acusó a Pedro Joaquín Chamorro por injurias y calumnias llevándoselo preso. Es lo mismo que está haciendo el régimen al criminalizar y judicializar a Kalúa».
El abogado defensor Boanerges Fornos explicó que con este tipo de delitos, «lo que se sanciona es el pago de días multas, hay dos penas, una de 100 a 200 días multas y una de 120 a 300 días multas, que es cuando se hace con publicidad, y como argumentan que se hizo a través de una noticia en un medio de comunicación, (los abogados acusadores) pidieron una pena máxima en ese rango y como defensa pedimos la pena mínima que sería de 100 a 200 días multas».
Es increíble la forma de la dictadura Ortega Murillo condenar con cargos falsos a personas que no están de acuerdo con la política dictatorial del gobierno opresivo. Personas inocentes son condenados a tantos años de prisión. Igualmente fue en el pasado con la dictadura de Somoza. Bien dicho es ” Ortega y Somoza, son la misma cosa”.🤔