Policía irrumpe casa de Bayardo Arce y lo detiene

El comunicado de la Procuraduría General de la República donde advierte el desacato del asesor presidencial en asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño, para responder por una investigación sobre «negociaciones y/o transacciones al margen del Estado» fue el antecedente para que la Policía de Nicaragua procediera a la captura del empresario y ficha clave dentro del sandinismo.
El medio de comunicación Confidencial informó que Arce fue detenido a la medianoche del miércoles, 30 de julio, luego que un batallón de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) allanara su vivienda y se lo llevara preso.
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Vecinos de la zona alertaron a Confidencial sobre movimientos sospechosos en la zona de Villa Fontana. Camionetas policiales cargadas de policías se desplazaron en la oscura y ejecutaron el cateo.
Hasta el momento se desconoce el paradero de Arce. La Procuraduría informó que al asistente del empresario sandinista, Ricardo Bonilla, lo tenían bajo interrogatorio en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro después de negarse a rendir cuentas sobre las transacciones en cuestión, de las que jamás especificaron a qué malos manejos se referían.
La amenaza de la Procuraduría
La misma noche del miércoles, la Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua emitió una nota de prensa en la que señala directamente al histórico asesor económico de Daniel Ortega por presuntamente negarse a colaborar con una investigación sobre transacciones y negociaciones que —según la institución— no se ajustan al marco legal nicaragüense.
En el comunicado, la PGR asegura que actúa «como máxima autoridad del Estado nicaragüense para velar por los Intereses y los Bienes que pertenecen al Gobierno y al pueblo de Nicaragua», y que en cumplimiento de ese mandato constitucional convoca periódicamente a personas o instituciones «sobre los cuales se conoce han incumplido con sus obligaciones ante el Estado y el pueblo de Nicaragua en relación a bienes, propiedades, sociedades y/o cualquier otra situación que lesione los patrimonios del Estado».
En este caso específico, la Procuraduría afirma que ha conocido de transacciones y negociaciones realizadas por las oficinas de Bayardo Arce Castaño, las cuales «no cumplían, ni cumplen con lo establecido en nuestro marco legal».

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