Dictadura de Ortega investiga a Bayardo Arce por bienes y transacciones sospechosas

La Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua emitió este 30 de julio de 2025 una nota de prensa en la que señala directamente al histórico asesor económico de Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño, por presuntamente negarse a colaborar con una investigación sobre transacciones y negociaciones que —según la institución— no se ajustan al marco legal nicaragüense.

En el comunicado, la PGR asegura que actúa «como Máxima Autoridad del Estado nicaragüense para velar por los Intereses y los Bienes que pertenecen al Gobierno y al Pueblo de Nicaragua», y que en cumplimiento de ese mandato constitucional convoca periódicamente a personas o instituciones «sobre los cuales se conoce han incumplido con sus Obligaciones ante el Estado y el Pueblo de Nicaragua en relación a Bienes, Propiedades, Sociedades y/o cualquier otra situación que lesione los Patrimonios del Estado».

En este caso específico, la Procuraduría afirma que ha conocido de transacciones y negociaciones realizadas por las oficinas de Bayardo Arce Castaño, las cuales «no cumplían, ni cumplen con lo establecido en nuestro marco legal».

La institución detalla que su asistente, el señor Ricardo Bonilla, fue quien «aparecía operando esas transacciones y/o negociaciones», por lo que fue convocado a rendir cuentas. Según la versión oficial, Bonilla «se negó a acatar la orden» y en consecuencia «fue remitido al Sistema Penitenciario Nacional donde continúa siendo interrogado al respecto».

Ante esta situación, la Procuraduría asegura que convocó directamente a Bayardo Arce Castaño, señalado como propietario de los bienes bajo indagación. Según el comunicado, Arce «se limitó a argumentar que todo eso le pertenecía, y por lo tanto, no tenía ninguna obligación de responder a la PGR o a sus Investigaciones».

La institución advierte que ante esta negativa, se ha procedido a convocarlo nuevamente, exigiéndole «presentar la documentación requerida y responder satisfactoriamente las preguntas que, cumpliendo con su Deber Constitucional, la PGR realiza, respuestas que deben estar acompañadas por la documentación respectiva».

En tono enfático, la Procuraduría señala que Bayardo Arce «hasta la fecha no ha consentido en presentarse como corresponde», y lo acusa de desconocer «la Autoridad Constitucional de las Instituciones del Estado nicaragüense».

Finalmente, el comunicado concluye con una advertencia: «Le recordamos que es deber de todo Ciudadano respetar la Constitución y las Instituciones establecidas para velar por los Derechos, Deberes y Bienes de Nicaragua. Incumplir o irrespetar estas Obligaciones Ciudadanas constituyen delitos graves».

La nota oficial no especifica el tipo de bienes ni las operaciones concretas bajo sospecha, ni detalla si existe una causa penal formal abierta contra Arce, quien durante décadas ha sido una figura clave dentro del círculo de poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y uno de los operadores económicos más cercanos a Ortega.