Ortega ha cometido cuatro crímenes de lesa humanidad contra la Iglesia en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murilo ha cometido cuatro crímenes de lesa humanidad de los 11 que contempla el Estatuto de Roma contra la iglesia en Nicaragua, incluida la católica, evangélica y morava como parte de la represión que inició luego de la posición que tomaron los líderes católicos tras las manifestaciones antigubernamentales del 2018, así lo destacó el Colectivo Nicaragua Nunca Más en su último informe presentado este jueves 24 de octubre.

Entre los delitos cometidos por el régimen contra los religiosos están: encarcelamiento, tortura, persecución de un grupo y deportación, crímenes que a juicio del organismo atentan no solo contra los religiosos y el país, sino contra la humanidad por lo que deberían ser juzgados bajo el principio de universalidad por la comunidad internacional.

«Los perpetradores de estos crímenes han seguido órdenes directas de altos mandos estatales. Cuando se habla de una política de Estado entendemos que se sigue un patrón en los ataques o crímenes, que hay una organización, planificación y dirección específica», dice el informe que fue presentado por Salvador Marenco y Wendy Quintero, representantes del Colectivo.

Encarcelamiento de religosos

El informe indica que desde 2022 hasta la fecha se han detenido arbitrariamente a al menos 74 religiosos, incluyendo 11 pastores evangélicos, la mayoría de ellos condenados a puerta cerrada y sin garantías del debido proceso, además bajo la sombra del régimen, con jueces sandinistas y testigos montados.

Dentro de las 74 personas religiosas detenidas, destacan los casos del primer sacerdote detenido, Salvador García, en junio de 2022; monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y arrestado el 19 de agosto de 2022, tras un asedio a la curia diocesana por parte de las fuerzas policiales por sus fuertes críticas al régimen orteguista.

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El padre Óscar Benavides, arrestado el 14 de agosto de 2022, acusado de conspiración contra la seguridad nacional y condenado a 10 años de prisión por criticar al gobierno de Ortega públicamente durante una homilía. Benavides fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto a otros 222 reos políticos.

El padre José Urbina, acusado de propagar noticias falsas durante las misas fue detenido en julio de 2022 y condenado a 10 años de prisión. El padre Harving Padilla, arrestado el 19 de agosto de 2022 junto con monseñor Álvarez. Acusado también de conspiración. El padre Padilla fue excarcelado y desterrado en febrero de 2023.

Torturas en mazmorras del régimen

El régimen no quedó satisfecho con los secuestros o detenciones arbitrarias de los religiosos, llevó aún sus crímenes más allá y ejecutó torturas contra los religiosos. El boletin afirma que algunos sacerdotes denunciaron que les mantuvieron durante más de tres meses en interrogatorios constantes, en los cuales ejercían violencia psicológica.

Dentro de las torturas psicológicas estaban amenazas a familiares, las que eran informadas a los detenidos para generar estrés y ansiedad; la prohibición de oraciones y rezos del rosario, privación de atención médica, encierros en celdas sin luz solar y en condiciones inhumanas, además de aislamiento prolongado. Todas estás torturas fueron denunciadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Nos desnudaban y nos ponían a hacer sentadillas totalmente desnudos ante muchos oficiales, nos llevaban así al tribunal… nos daban una sopa de calabaza pero le ponían un laxante. Así, cuando te estaban interrogando, te daba dolor de estómago y diarrea y te decían que podías ir al baño si hablabas», denuncia en el informe un sacerdote.

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Dos casos de torturas que fueron señalados dentro del informen, considerados graves, son la desaparición forzada de monseñor Rolando Álvarez, que permaneció por 43 días aislado en el centro de detención conocido como «El Infiernillo», sin acceso a atención médica, lo que llevó a manifestaciones y exigencias internacionales contra el régimen para que fuera presentado ante su familia y población en general.

El caso de monseñor Urbina Rodríguez, de quien se informó que durante su detención fue privado de atención médica, a pesar de tener enfermedades crónicas y de gravedad como trombosis en los pies, diabetes e hipertensión, fue recluido en la celda más pequeña, conocida como La Chiquita como parte de las torturas de la dictadura contra los religiosos.

«Me golpeaban en la cabeza y que contestara, cuando me entrevistaban cargaban el arma y la ponían en la mesa… A medida que me llevaban a los interrogatorios crecían los golpes, me golpeaban en la cara y me quebraron un diente, me golpearon con un AK (un oficial)», relató un sacerdote al Colectivo.

El informe también registra como torturas sufridas por los religiosos la violencia sexual caracterizada principalmente por la desnudez forzada, la cual fue denunciada por al menos 9 sacerdotes y laicos. Las víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas cuando estaban desnudas y en ocasiones estas eran realizadas frente a agentes de policías del sexo contrario.

Persecución y destierro de religiosos

Luego del diálogo nacional, como un intento de la oposición para detener la represión del régimen contra las protestas del 2018, la Iglesia Católica jugó un papel importante en la crisis del país, servir como mediador entre la oposición y el gobierno dictatorial; sin embargo, el actuar de los religiosos fue tomado por Daniel Ortega y principalmente por su esposa, Rosario Murillo, como una declaración de guerra.

A partir de la fecha, la Iglesia Católica vivió un momento histórico, la persecución más cruel de la que se ha registrado en Nicaragua. El régimen prohibió manifestaciones religiosas, incluyendo aquellas que forman parte de la cultura religiosa del país, como procesiones de Semana Santa y festividades a santos y misas.

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La captura de religiosos, el acoso a feligreses, el cierre de 1500 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la iglesia como Cáritas, el asedio de iglesias,cierre de medios de comunicación entre ellos televisión y radio, el cierre de facto de la diócesis de Matagalpa, entre otros, forman parte de la avalancha de agresiones de Murillo contra la libertad religiosa.

Los destierros iniciaron el 9 de febrero de 2023. El régimen incluyó a ocho sacerdotes entre los desterrados hacia Estados Unidos, además de 14 laicos detenidos por estar ligados a la iglesia, siendo un total de 22 en este primer grupo, muchos de los cuales fueron detenidos en agosto de 2022.

El segundo destierro de sacerdotes se dio el 18 de octubre de 2023 entre ellos estaban los sacerdotes Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez y Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez.

También fueron desterrados los sacerdotes Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses y Ramón Angulo Reyes. En enero de 2024, fueron desterrados otros 18 religiosos que fueron encarcelados entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo de diciembre 2023, entre ellos monseñor Álvarez.

En agosto de 2024, otro grupo de 7 sacerdotes fue desterrado, entre ellos Víctor Godoy, Jairo Pravia, Silvio Romero, Edgar Sacasa. De los 135 excarcelados y desterrados en septiembre de 2024, se estima que al menos 13 eran religiosos, además de casi una decena de laicos detenidos arbitrariamente por haber participado en actividades religiosas.

Dictadura crea leyes incostitucionales como instrumentos para su represalia

Para el organismo, la creación de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia…(Ley 1055), Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) y Ley de Pérdida de la Nacionalidad (Ley 1145), son inconstitucionales y violatorias de múltiples tratados internacionales de DDHH que le permiten al régimen definir a su conveniencia lo que constituye una amenaza, criminalizando cualquier manifestación de oposición, incluidos los sermones y discursos de líderes religiosos.

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Entre 2021 y 2024, este Colectivo ha sistematizado un total de 111 casos públicos de nicaragüenses a quienes se les negó la entrada a Nicaragua y desnacionalización de 452, violando así un derecho protegido por el derecho internacional y la Constitución en el artículo 20 y artículo 46, que dispone la plena vigencia de los derechos contenidos en la Declaración Universal.

Varios sacerdotes fueron condenados bajo la Ley de Ciberdelitos, también conocida como «Ley Mordaza». El régimen los acusó de promover noticias falsas en redes sociales. La dictadura les impuso penas de hasta 10 años de prisión. Además la Ley 1055 o Ley de traición a la patria ha sido usada por el régimen sandinista a gusto y antojo.